La hostelería se une para demandar al Estado

Ante la imparable tercera ola, amenazada por la cepa británica, las comunidades autónomas no dejan de anunciar nuevas restricciones para frenar el aumento de casos de Covid. En numerosas de ellas, el cierre de los bares y restaurantes es absoluto y en otras, las limitaciones de aforo y de horario les impide trabajar como quisieran. Sin embargo, es necesario leer un análisis de la app de reservas “on line” El Tenedor, que desvela que durante la Navidad, cuando se habría producido el repunte de datos, los restaurantes redujeron su actividad en Madrid un 22 por ciento. Y, según un estudio publicado por la misma app, durante el mes de diciembre, el 83 por ciento de los comensales afirma sentirse seguro yendo a comer o a cenar a un restaurante y que, si las circunstancias lo permiten, lo seguirán haciendo durante este año entre una y dos veces por semana de media. Asimismo, según datos del Ministerio de Sanidad en octubre, cuando gran parte de los restaurantes aún estaban abiertos, sólo el 3,5 por ciento de los casos detectados se habían originado en la hostelería, cifras similares a las de otros países de nuestro entorno.

Dicho esto, el sector se tambalea y nuestros cocineros siguen capeando el temporal. Llevan meses afanándose por implementar las medidas sanitarias necesarias para garantizar la seguridad de sus clientes con las reducciones de aforo, la eliminación de barras, distanciamiento de mesas, uso de mascarillas y geles hidroalcohólicos. Incluso, yendo aún más allá con la incorporación de elementos que incrementan aún más la seguridad, como la instalación de filtros HEPA o medidores de CO2 para garantizar la circulación y filtración del aire: “Las restricciones o el cierre de la hostelería no es la solución a la pandemia, ya que se ha comprobado que no reduce el número de contagios, y, por otro lado, hunde a la economía. La hostelería es segura. Debemos convivir los meses que quedan con esta pandemia sin hacer más daño al tejido empresarial”, afirma Juan José Blardony, director general de Hostelería Madrid.

Por eso, los hosteleros, hartos de ser ignorados, preparan una avalancha de demandas contra el Gobierno central y contra cada una de las comunidades autónomas, que se presentarán ante el Tribunal Supremo. Ha sido Begoña Freire, cocinera y propietaria de Étimo, en Madrid, quien decidió iniciar los trámites con la justicia y crear la plataforma #lahosteleríadetodos (www.lahosteleriadetodos.org). Está convencida de que la solución es acudir a la justicia: “Pensé en actuar hace cinco meses al comprobar el estado de un sector destrozado y observar la ignoracia del gobierno. Así que un día que me reuní con Diego Solana, que es mi abogado desde hace tiempo, me dijo que sí hay bases para reclamar y poner una demanda ante el Tribunal Supremo. De hecho, las primeras se interponen en unos días. Son individuales, aunque se va a intentar hacer una colectiva. Somos un grupo independiente de hosteleros que reclamamos nuestro derecho a que si el gobierno nos prohíbe trabajar, tenemos que ser indemnizados. Se encuentra en la Constitución y hay varias leyes que lo avalan. Se ha hecho en toda Europa menos en España y Solana se ha acogido a tres demandas diferentes: una, va dirigida al gobierno central; otra, a las autonomías y una tercera, a Brulesas. Por otra parte, ve lícito que el gobierno pudiera llegar a un acuerdo con nosotros. Sobre todo, por la presión que hagamos un grupo tan grande de hosteleros. Hemos abierto una web para que se inscriba quien lo desee y somos varios portavoces: Iñaki López de Viñaspre, Alfonso García, Juanjo López Bedmar, Pepa Muñoz y yo como ideóloga”.

El cocinero y propietario de La Tasquita de Enfrente también pone sobre la mesa el maltrato que recibe un sector innovador, ya que nadie ha recibido ayuda alguna para soportar la crisis: “Hemos emprendido el único camino que nos queda, que es el de la justicia y hemos contado con el despacho Cremades y Calvo-Sotelo, cuyos abogados entienden el caso. Vamos a pedir que se nos compense por todas la pérdidas que nos está suponiendo esta situación. Somos un sector sensible y solidario, pero también debemos mirar por nuestros intereses y, a día de hoy, no existe una ayuda directa”, explica el cocinero y propietario de La Tasquita de Enfrente, quien deja claro que “se nos está criminalizando, porque los restaurantes no son focos de infección”.

Mientras, la demanda está siendo elaborada por el equipo de Diego Solana, del prestigioso despacho Cremades y Calvo Sotelo, que ha preparado una estrategia legal en la que cada afectado presentará su propia demanda con las pérdidas que le competan.

¿Qué exigen? El dinero que han dejado de ingresar entre el fatídico 14 de marzo y 31 de diciembre de 2020 respecto al mismo período de 2019. Son hasta 67.000 millones de euros, cifra en la que en cada caso se ponderará el efecto de gastos y ERTE: “Fue durante el confinamiento cuando junto a varios ex magistrados comenzamos a estudiar las consecuencias del Estado de Alarma. Si éste se había aplicado de forma adecuada y qué consecuencias podía tener y si la gente tenía derecho a reclamar por los daños y prejuicios surgidos. Contamos con clientes de todo tipo y un grupo de hosteleros nos preguntó si se podía hacer algo distinto, ya que las protestas no habían dado el resultado esperado”, explica el abogado Diego Solana al tiempo que desvela que se han inspirado en la estrategia alemana, que indemniza a los hosteleros en un 75 por ciento de la facturación del año anteior, de 2019, para salvar al sector.

Han llegado a la siguiente conclusión: “Si usted me prohíbe trabajar, yo lo acepto y entiendo que existe un bien superior que es la salud pública, pero tendrá que haber algún tipo de respuesta para los 300.000 negocios relacionados con la hostelería en los que se da comer y se les prohibe trabajar. El sector se encuentra en la ruina y, probablemente, dentro de poco lleguemos a los 100.000 establecimientos cerrados”.

¿Cuál ha sido su papel y el de su equipo? Preguntamos: “Articular un discurso juríduico fruto de la conversación con numerosos hosteleros. En estos días presentaremos las primeras demandas hasta el 14 de marzo, día que se cumple un año. Lo que buscamos es una indemización tal y como se ha hecho en Alemania. Cualquier español tiene derecho a acudir a los tribunales, a obtener una sentencia fundada en derecho y motivada y que el tribunal supremo, en última instancia, que decida si cuando se te prohíbe trabajar puedes ser objeto de una indemnización o no”.