Juango Ospina asume la defensa de Francisco de Borbón: "Creemos en su inocencia"

Francisco de Borbón, aristócrata y pariente lejano del Rey Juan Carlos I, se ha visto envuelto en un escándalo judicial tras ser detenido el 2 de febrero de 2026 en su domicilio de Marbella, acusado de presunto blanqueo de capitales dentro de una trama vinculada al narcotráfico internacional; según la investigación de la Audiencia Nacional, habría actuado como pieza para lavar varios millones de euros procedentes de una red que introdujo grandes cantidades de cocaína en España y que incluía a un exjefe policial detenido en 2024 con más de 20 millones ocultos en su casa.

Tras pasar una noche en el calabozo, el juez decretó su libertad provisional bajo fianza de 50.000 euros, le retiró el pasaporte y le prohibió salir del país mientras continúa investigado; él niega cualquier implicación y sostiene que su actuación fue íntegra.

Se enfrenta ahora a un proceso judicial cuya defensa asumirá el despacho de Juango Ospina, letrado conocido por otros casos mediáticos como el de Daniel Sancho. Desde el bufete aclaran que la supuesta vinculación de Francisco de Borbón en la trama “deriva, según el propio informe, de su posición como socio minoritario en determinadas sociedades mercantiles y de su participación en estructuras societarias y financieras que están siendo objeto de análisis por parte de las autoridades”.

El despacho de Ospina defiende la inocencia de Francisco de Borbón y añade en su comunicado: “No existe delito alguno cometido (por el aristócrata), quién se muestra dispuesto a colaborar con la Justicia para aclarar los extremos de su actividad financiera, la cual es regular y lícita, sin intención jamás de ocultar su patrimonio”.

El equipo de abogados encabezado por Ospina recuerda que “toda investigación se encuentra sujeta al principio constitucional de presunción de inocencia y que cualquier responsabilidad penal solo puede determinarse mediante resolución judicial firme tras el correspondiente procedimiento con todas las garantías”. De este modo, insta a los medios de comunicación a realizar cualquier valoración pública “con la máxima prudencia, evitando juicios paralelos que puedan afectar al honor, reputación y derechos fundamentales de nuestro cliente”. En este sentido, mandan un claro aviso: “Estaremos vigilantes”.