El Gobierno quiere intervenir más el alquiler y valora penalizaciones en el IRPF para los caseros que suban las rentas

Ya lo dijo la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez: el Gobierno intervendrá el mercado inmobiliario todo lo que considere necesario ya que, por sí solo, en su opinión, no funciona. Y a fe que lo está haciendo. Tras intentar embridar las rentas con el nuevo índice del INE, el Ejecutivo estudia ahora modular a la baja la reducción general del 50% que los arrendadores pueden aplicarse actualmente en el IRPF si éstos optan al final por subir el precio del alquiler. Un límite que, en ningún caso, llegaría al 0% porque se mantiene un trato diferenciado para el alquiler residencial de largo plazo (contratos de cinco años) frente a los turísticos y los de temporada, según explican desde el departamento que dirige Isabel Rodríguez.

El nuevo globo sonda lanzado por el Ejecutivo es, añaden estas fuentes, una propuesta en la que se está trabajando y que va "en la línea de lo que siempre defiende el Gobierno: incentivar los comportamientos que redundan en el interés general y desincentivar los que no".

Lo que se ha circulado, añaden, es una propuesta que combina incentivos de hasta el 100% para quien baje el precio del alquiler y desincentivos para quien lo suba. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció a este respecto a principios de enero la aprobación de un decreto ley por el Consejo de Ministros que contendrá una bonificación del 100% en el IRPF para aquellos arrendadores que prorroguen los alquileres sin incrementar la renta, de forma que se compense la subida que podrían aplicar en el mercado.

El anuncio no sentó precisamente bien entre los socios del PSOE, que se revolvieron en contra de una medida que consideran alineada con los intereses de los propietarios y que quedaría suavizada con la penalización fiscal ahora anunciada, que parece pensada para convencer a Podemos, Sumar y EH Bildu para que voten en el Congreso de los Diputados a favor del decreto.

La propia ministra de Vivienda insistió ayer en que el Gobierno "no tira la toalla" ni se ha rendido de cara a buscar a un acuerdo para sacar adelante las recientes medidas y agregó que hasta el último minuto hay capacidad para el entendimiento.

Actualmente, los propietarios de una vivienda en alquiler pueden tributar solo por la mitad del rendimiento neto que obtienen (ingresos menos gastos). Con la entrada en vigor de la Ley de Vivienda en enero de 2024 el régimen general pasó del 60% al 50% para los nuevos contratos. Se trata del porcentaje base para nuevos contratos de alquiler de vivienda habitual, ya que con la citada ley puede aumentar al 60%, 70% o 90% si se cumplen requisitos adicionales como obras de rehabilitación, reducción de renta en zonas tensionadas o alquiler a jóvenes de 18 a 35 años. Esto no se aplica, sin embargo, a los alquileres turísticos o temporales, que también se quieren limitar en el decreto en el que trabajo el Gobierno para poner fin a su uso fraudulento.