La Junta de Andalucía, contra Salma Hayek

La inclusión de la propiedad, valorada en 300 millones, en un parque natural frenaría su venta

Parece que el matrimonio de la actriz mexicana y el empresario Henri Pinault no tiene suficiente con el castillo francés al oeste de Versalles, la casa de Hollywood Hills y la de Bel Air. En una reciente visita de negocios a España, el matrimonio se ha interesado, en representación de un grupo inversor, por la finca de La Almoraima en Castellar de la Frontera. El problema es que los terrenos se encuentran enmarcados dentro del Parque Natural de los Alcornocales, declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco y Zona de Especial Conservación por la Directiva Hábitat de la UE. Para demostrar su interés, el lunes Hayek acompañó a los inversores franceses en un vuelo en helicóptero –para el que no existía permiso y podría derivar en una denuncia– con el finde recorrer las más de 14.000 hectáreas de la propiedad que supone el 90 por ciento del parque. Los grupos ecologistas y la Junta se oponen a su venta y están dispuestos a llegar hasta los juzgados para defenderla.

La asociación ecologista Agaden y el colectivo Cooperación Alternativa han sido los primeros en manifestarse. En una carta enviada a los medios reiteran su «rechazo a la venta de la finca» a la vez que «remitirán el escrito a la empresa del marido de la actriz y empresaria para que conozca el rechazo de la ciudadanía andaluza a la venta de este patrimonio». La finca en el centro de la polémica está situada en Cádiz, en la localidad de Castellar de la Frontera y está dedicada a actividades forestales, agrícolas y ganaderas. El pasado 8 de enero, el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Arias Cañete, trasladó a la consejera de medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano, que el precio de salida de la finca, expropiada a Rumasa en 1983, será de 300 millones de euros. Preguntada por la existencia de compradores potenciales, Serrano aclaró que el propio ministro le trasladó que «no son españoles» y que «no saben» si se llegará a vender porque el precio es muy alto. En esta línea, Serrano también matizó que la decisión de vender el espacio «es una pena porque es un patrimonio natural público del que no debe desprenderse el Estado». La Junta de Andalucía se opone a privatizar el espacio y al plan del Gobierno de planificación para permitir que se pueda construir un hotel de lujo, dos campos de golf y un campo de hípica. Para conseguir paralizar el proceso, la junta rectora del parque aprobó el miércoles, por 21 votos a 12, una declaración del lugar como monte público, lo que paralizaría dicha venta. Según Francisco Perea, de Cooperación Alternativa, «la decisión no es vinculante» y aún debe pronunciarse el Gobierno andaluz, aunque para Francisco Rebolledo de Agaden, «estamos totalmente convencidos del apoyo de la Junta». El primer paso es la decisión de la ampliación de los terrenos «como efecto disuasorio ante cualquier especulación urbanística», aclara Rebolledo.

Por otra parte, la directora de La Almoraima explicó en una comparecencia pública que la sociedad anónima «va a presentar batalla jurídica y penal». Según Ugalde, si se llevase a cabo esta medida «sería ilegal», además de que la polémica está restando valor a la finca, pero admite haber tenido una reunión con Hayek y Pinault: «Es cierto que vinieron, pero no sólo ellos. Estamos hablando de 10 o 12 personas, todas ellas de un altísimo poder adquisitivo». A pesar de todo, parece que la actriz estaba «encantada», pero no le gustó el olor y las chimeneas, herencia de la reindustrialización de la zona en los años 60.