Agua del grifo

El agua del grifo en España es una fuente de salud y de sostenibilidad, porque al distribuirse a través de las tuberías, no requiere utilizar transporte para su distribución ni envases para contenerla.
En España el agua de abastecimiento público, de consumo humano, constituye un producto extremadamente mimado y protegido desde el punto de vista legal. No sólo a nivel nacional, sino también en el ámbito comunitario, al seguir referentes internacionales comunes.
«La legislación se ha ocupado de avalar esta confianza y por ello también, está establecido un rígido control sobre la calidad del agua que consumimos, muy superior a la de cualquier otro producto alimentario», afirma Fernando Moreno, director general de Aqualia, filial de gestión de agua de FCC.

Por este importante papel del agua en nuestras vidas, la calidad del agua que circula por la red de distribución urbana está sometida por imperativo legal a un triple control independiente. Por parte del gestor del sistema de abastecimiento público, por las autoridades sanitarias y por las autoridades municipales. Este triple control, además, se extiende a lo largo de toda la cadena de producción del agua; desde su punto de origen hasta el propio grifo del consumidor. De esta manera, se convierte en algo altamente improbable que cualquier anomalía pase inadvertida.

Mayores exigencias
Este triple control es muy superior al de cualquier otro producto alimentario. De aquí la seguridad y confianza que nos debe inspirar el agua que bebemos de nuestros grifos. En el caso español, es el RD 140/2003 el que contempla todos los parámetros, de calidad y sanitarios, que deben ser analizados para que el agua sea una garantía para la salud.
El concepto de salud que tenemos hoy en día no puede ser entendido como ausencia de enfermedad, sino como calidad de vida y de servicio. Por eso, el concepto de agua potable es también diferente. No se trata de «fabricar» un producto que no sea nocivo para la salud, sino justo al contrario, producir un agua segura y agradable al consumidor. De hecho, y a diferencia de lo que ocurre con aguas de otro tipo, el agua suministrada por la red pública de distribución «tiene que tener una calidad en su composición que pueda ser compatible con el cien por cien de la población», precisan desde Aqualia.

Empresas como la citada –colaboradores de la Administración en la gestión de este bien público– realizan además análisis exhaustivos en el agua para garantizar que no posea ninguna sustancia o microorganismo en una concentración tal que pueda suponer el menor riesgo para la salud de las personas que la consumen. «Así reforzamos la confianza del ciudadano en los gestores; en nuestra relación a largo plazo con ellos, ya que saben que el agua que recibe es de una calidad garantizada», añaden desde la filial de agua de FCC.
Para establecer el listado de dichas sustancias y microorganismos y sus concentraciones máximas, las normativas europeas se apoyan en la Organización Mundial de la Salud y en los comités consultivos de la Unión Europea. De esta forma, los parámetros seleccionados para controlar la calidad de las aguas y sus niveles máximos buscan obtener un alto nivel de seguridad; es decir, que el agua pueda ser consumida durante toda la vida de la persona de una manera cien por cien saludable.
También se han legislado las características que deben reunir las instalaciones de producción de agua potable, los depósitos donde se almacena, la red por la que circula y por supuesto los laboratorios en los que se efectúa el control de calidad de las aguas de consumo.

Instalaciones a examen
Dichos laboratorios deben poseer un reconocimiento formal de su competencia mediante acreditaciones, certificaciones y homologaciones adecuadas al trabajo que realizan, utilizar métodos contrastados y estar permanentemente sometidos a una evaluación de la calidad mediante auditorías y otros procedimientos regulados por las normativas de aplicación.
Por último, y en cumplimiento igualmente de normativas europeas, el ciudadano tiene derecho a conocer la calidad del agua que consume y las alteraciones de la misma. Por ello, el Ministerio de Sanidad ha creado una herramienta, a disposición pública, en la que se puede consultar la calidad del agua de un determinado abastecimiento. Se llama Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (Sinac).
«Los gestores de los sistemas de abastecimiento tenemos la obligación, y así lo hacemos, de incorporar el número de análisis establecido por la ley y según una frecuencia dada a este Sistema de Información, lo que avala todavía más la transparencia y confianza sobre el agua que distribuimos», concluye Fernando Moreno. A partir de ahí, son las autoridades sanitarias quienes se ocupan de evaluar la información para garantizar que el producto final que llega al grifo está en las condiciones adecuadas para su consumo.