El Gobierno confirma las cartas para captar delatores en empresas y abre una investigación

Tal y como publicó ayer LA RAZÓN, en las misivas el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo advertía al trabajador de que tenía abierto «un expediente por deudas con la Seguridad Social» contra la compañía en la que prestaba sus servicios.

Por este motivo, solicitaba la colaboración de los empleados, «de forma totalmente anónima», para recabar datos sobre la actividad de la compañía.

En el comunicado remitido ayer, el Ejecutivo socialista intenta minimizar la trascendencia de tan irregular comportamiento alegando que «sólo» ha ocurrido en una comunidad autónoma y sin autorización de Madrid: «Al tener conocimiento de la existencia de dichas comunicaciones realizadas sólo en el ámbito de Baleares, la Dirección General de la Tesorería ordenó que se paralizase de inmediato ese procedimiento», dice la Seguridad Social, y añade que «hace un mes se ha iniciado una investigación en la dirección provincial de Baleares para averiguar lo sucedido y exigir, si fuera preciso, las responsabilidades oportunas».

En el comunicado, el organismo dependiente de Valeriano Gómez, ministro de Trabajo, aclara algo obvio, que «ni el plan de lucha contra el fraude fiscal laboral y a la Seguridad Social, ni en las instrucciones que se remiten a las direcciones provinciales desde la Dirección General de la Tesorería se ha contemplado, ni se contempla, el uso de la delación».

Precisamente por ello este diario ha denunciado el envío de estas cartas a empleados de empresas particulares, dada su manifiesta irregularidad y teniendo en cuenta que no es una práctica habitual del plan antifraude.

A pesar de la gravedad de lo ocurrido, el ministro Gómez no quiso darse ayer por enterado y, al ser preguntado por el envío de cartas, se limitó a dar largas.
«No he tenido tiempo de ver esa información», dijo durante la rueda de prensa que celebró por la mañana en el Ministerio.