El cazador cazado

La presunción de inocencia no suele ser tenida en cuenta y, en cambio, cualquier informe policial oportunamente filtrado convierte en delincuente a alguien que ni siquiera ha sido procesado. Esto le ha sucedido al presidente de la Generalitat valenciana, perseguido durante dos años por algunos medios de comunicación que han querido hacer creer que es un corrupto. Sin embargo, el único informe serio e independiente encargado por el juez Flors y realizado, por la Agencia Tributaria, confirma que nadie pagó al Presidente Camps, porque resulta imposible que los peritos puedan llegar a conclusiones claras e inequívocas dado que la documentación fiscal aportada a la causa está llena de facturas falsas. Así pues, si la Justicia aplica el principio de «in dubio pro reo», sólo cabe el archivo. Pero, paradojas de la vida, el TSJ de Valencia sí ha imputado al dirigente socialista Luna por un presunto delito de cohecho en la reforma de su casa, realizada por un constructor que obtuvo pingües beneficios en la etapa en que Luna era alcalde de Alicante. No ha podido explicar quién pagó esas y se escuda en que el piso es de su mujer. Él fue quien dio pábulo a uno de esos informes policiales haciendo creer que era parte del sumario que se hallaba secreto y que no fue admitido. Pero el trabajo sucio ya estaba hecho, pues muchos medios de comunicación lo publicaron como si fuera cierto. Pese a todo, también en el caso de Ángel Luna debe prevalecer la presunción de inocencia.