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El Consell optimiza gasto sanitario para ahorrar 440 millones sin copago
Valencia- El Gobierno valenciano dio ayer luz verde a un paquete de medidas urgentes para luchar contra el déficit público que lastra el erario y que ha provocado que la Generalitat ya ha retrasado algún pago crediticio y pospuesto otras obligaciones
Dicho decreto ley pretende ahorrar 379 millones con ajuste en el denominado capítulo uno, de personal; recaudar 238 millones de euros con dos nuevos tramos en el IRPF, y detraer 440 del gasto sanitario con la optimización de algunos servicios y sin tener que instaurar el copago en modo alguno.
Tanto el conseller portavoz, José Ciscar, que ayer se estrenaba en el cargo, como los titulares de Economía y de Hacienda, Enrique Verdeguer y José Manuel Vela, reconocieron que las medidas eran duras y que no son estas las políticas que un gobernante quiere hacer, pero que no hay otro remedio y que «ahora es el momento».
Las causas de la mala situación que atraviesa la Comunitat, fueron identificadas como tres: un sistema de financiación discriminatorio, las tensiones de tesorería por la crisis de los mercados financieros y la deuda. De esta última, dijo Ciscar que «evidentemente se debe a que se gastó más de lo que se ingresaba», aunque los Gobiernos anteriores lo tuvieron que hacer «para no quedarnos atrás por culpa del injusto sistema de financiación».
Además, el Consell supeditó el sueldo de los consellers y altos cargos eventuales al déficit público de forma que, si éste aumenta, el sueldo se rebajará en la misma medida porcentual.
De este modo, Ciscar mostró su confianza en «poder cumplir algo que nos preocupa enormemente, que es el pago a los proveedores». El portavoz explicó que había que adelgazar la Administración: «hay que sacrificar el cinco por ciento para asegurar el otro 95».
En el ámbito de la Sanidad, se aplicarán economías de escala con servicios centralizados, como será el caso de la comida o la lavandería, con lo que se pretende ahorrar 70 millones de euros. Además, en 2012 la sanidad ofrecerá un menú básico para todos igual, salvedad hecha de los menús para diabéticos, celíacos... y hasta 16 menús específicos existentes. Hasta ahora se podía elegir entre varios platos de primero y varios de segundo. Ahora, si alguien renuncia al menú básico y quiere elegir, tendrá que pagar la diferencia. Además, se cobrarán tasas por la acreditación sanitaria de instalaciones privadas y por el extravío de la tarjeta SIP, que ahora costará 3 euros (se pierden 300.000 al año).
También se racionalizan las retribuciones al personal directivo para que nadie pueda cobrar más que un alto cargo de la Generalitat; se controlará el absentismo laboral, que en Sanidad duplica los índices de la función pública y cuadruplica los de la empresa privada, y se racionalizarán las guardias con turnos de trabajo más largos.
Además, en 30 centros se propondrá a los trabajadores la constitución de entidades de base asociativa en atención primaria, para que ellos mismos gestionen los recursos y los ahorros se conviertan en incentivos. Con esta medida se podría ahorrar un millón de euros por centro.
Además, se centralizarán los laboratorios y se revisará el precio de los conciertos, con lo que se prevé ahorrar 40 millones de euros. Otros diez millones llegarán de suprimir el escandaloso «turismo sanitario» y se retomarán algunas intervenciones derivadas a la privada como las cataratas.
También se pretende ahorrar 50 millones de la farmacia hospitalaria y diferir el pago a las farmacias a partir de los 150.000 euros.
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