Bruselas
No es país para huelgas
CC OO y UGT recrudecen las protestas contra el Gobierno tras el fracaso de las marchas del sábado. Toxo insiste en la amenaza de huelga general. Los paros de ayer en el sector ferroviario y el suburbano de Madrid y Barcelona «atrapan» a miles de personas. El tono político de las movilizaciones resquebraja la unidad sindical. Seguimiento mínimo de la convocatoria en el sector ferroviario.
La ofensiva sindical contra los ajustes puestos en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy tropezó de nuevo ayer, el segundo paso en falso en apenas 48 horas, tras el fracaso de las concentraciones y movilizaciones del pasado sábado. Nuevo ensayo y nuevo fracaso en el camino marcado hacia otra huelga general que negocian desde hace tiempo las principales centrales sindicales y diseñan los partidos de izquierda. De hecho, Fernández Toxo, máximo dirigente de CC OO, volvió a esgrimir esta amenaza para que el Ejecutivo dé su brazo a torcer.
La estrategia era perseguir la mayor repercusión posible, haciendo coincidir la huelga de 24 horas en el sector del transporte ferroviario (Adif, Renfe y Feve) y los paros convocados en el Metro de Madrid y Barcelona, junto a los de los autobuses urbanos de la Ciudad Condal. Y la repercusión se tradujo en nuevos retrasos e incomodidades para los miles de personas que utilizan el transporte público, porque el seguimiento por parte de los trabajadores llamados a la huelga fue mínimo.
Según datos del Ministerio de Fomento, sólo el 22,6% de los empleados del sector del transporte ferroviario secundó la convocatoria contra la liberación del sector anunciada por el Gobierno y exigida por Bruselas. La jornada transcurrió con normalidad, y sólo hubo inicidentes aislados que añadieron nuevos contratiempos a los pasajeros. El secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes, Rafael Catalá, destacó como lo más destacado, a nivel nacional, la suspensión de un tren entre Santander y Madrid y un accidente en la catenaria de la conexión AVE con el sur. En las líneas Feve, la normalidad fue también la tónica general, aunque los «incidentes» se centraron en Cantabria, con desplomes de catenaria, dos trenes diésel inutilizados y cortes en la fibra óptica del sistema. Los sindicatos, por su parte, celebraron el éxito de un seguimiento que cifraron en más del 90 por ciento. Renfe vendió un 25% menos de billetes y se vio obligado a cancelar 302 trenes.
Por su parte, el paro en el Metro de Madrid en dos turnos (de seis a diez de la mañana y de cinco a nueve de la noche) se tradujo en 120 kilómetros de atascos en los accesos y la circunvalación de la capital, según la DGT, aglomeraciones de viajeros en algunas estaciones y pequeños incidentes aislados. No obstante, se cumplieron «estrictamente» los servicios mínimos del 40% en las horas punta, según el Consorcio de Transportes madrileño, que celebró que, pese a los retrasos, los usuarios pudieron llegar a su trabajo. El incidente más reseñable se produjo en la estación de Atocha, donde las Fuerzas de Seguridad practicaron tres detenciones cuando un piquete de 200 sindicalistas quiso romper el cordón policial que controlaba el acceso a los andenes.
En Barcelona, los Mossos d´Esquadra también se vieron obligados a intervenir cuando otro grupo de manifestantes impidió la salida de varios trenes de la estación de Sants y provocó retrasos de varios convoyes. Renfe informó de retrasos en Cercanías y del sabotaje de al menos cinco autobuses.
La segunda jornada de huelga en el sector ferroviario se producía la víspera del encuentro que Fomento y sindicatos tienen previsto celebrar hoy para abordar la liberalización del sector, impuesta por Bruselas. El Gobierno abrirá a la competencia el transporte de viajeros en julio de 2013, y dividir Renfe en cuatro sociedades.
Un sector que genera 28.929 empleos
El sector ferroviario público español emplea a 28,929 personas (13.224 en Adif, 13.848 en Renfe y 1.857 en Feve), y su supervivencia pasa por su liberalización, según Bruselas. En este proceso, Fomento no descarta ajustes de plantilla, aunque según el secretario de Estado, Rafael Catalá, éstos se harían «de forma no traumática y negociada». Al mismo tiempo, Catalá está convencido de que se generarán nuevos puestos de trabajo.
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