La Administración se salta la ley y bate récords de morosidad

MADRID- En cualquier sistema económico del mundo desarrollado, algo falla cuando el principal moroso es el Estado. Y eso es lo que pasa actualmente en España. Sólo un año después de la entrada en vigor de la Ley de Morosidad, la estadística habla por sí sola. El sector público no sólo no ha reducido los plazos de pago a los proveedores, sino que los ha ampliado de forma alarmante para desgracia de las empresas.

Según un estudio de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, la Administración amplió los plazos de pago desde los 154 hasta los 157 días, lo que supone multiplicar por más de 2,5 los 60 días de media pactados en la Ley. El endeudamiento del Erario público es tan elevado y sus posibilidades de pago tan reducidas que están poniendo en riesgo la recuperación económica, la competitividad de las compañías y su correcta actividad. Es más, algunos proveedores no tienen ni para pagar a los empleados.

La demora en los cobros está obligando a los proveedores del sector público a acudir a la banca para pedir la financiación necesaria para seguir desarrollando su actividad (pagos a los empleados, abono de alquileres y tasas, inversiones, etc.). En ocasiones, con el compromiso de pago de ayuntamientos y demás corporaciones locales como único aval, lo que lleva a las entidades a rechazar gran parte de las peticiones. Según la Plataforma, el 25 por ciento de las 400.000 empresas y el 35 por ciento de los autónomos que han desaparecido en la crisis pueden achacar su quiebra a los impagos y a las demoras en el cobro.

Otro ejemplo de morosidad en el sector público, quizás el principal, lo encontramos en la Sanidad, que arrastraba a finales de marzo una deuda de 9.390 millones de euros con laboratorios y fabricantes de productos y tecnología sanitaria. Según datos de Farmaindustria, los laboratorios esperan una media de 410 días para cobrar. Según figura en la Ley de Morosidad, los plazos deberían acortarse hasta los 60 días, algo que sólo cumplen Ceuta, Melilla y Navarra.

Las pérdidas crecen un 47%
Las pérdidas que asumen las empresas por los impagos de todos sus clientes han crecido un 47% en los últimos doce meses registrados, desde que entró en vigor la ley de morosidad. En mayo de 2010, ya descontaban una pérdida de 4,26 céntimos por cada euro prestado, pero al cierre del mismo mes del presente ejercicio la cifra asciende a 6,27 céntimos.