El Defensor archivó la investigación de los mineros que denunciaron intrusos

SEVILLA- El Defensor del Pueblo Andaluz archivó en mayo de 2004 la investigación sobre los ex trabajadores de la mina de Tharsis sin que encontrara ninguna anomalía al respecto. «A la vista de lo actuado se desprende que no existen fundamentos que justifiquen continuar con nuestras actuaciones, por lo que se procede a dar por concluidas las mismas y el archivo del expediente», recoge el escrito enviado al colectivo que formuló las quejas.

No obstante, en el documento, al que ha accedido este periódico, José Chamizo, el máximo responsable de la institución en los últimos tres lustros, invita a los trabajadores a que «pongan en conocimiento de los actuales responsables de los organismos implicados (Consejería de Empleo y Delegación del Gobierno en Andalucía) así como a los responsables de las organizaciones sindicales (UGT-CC OO) los posibles incumplimientos de los Protocolos y Acuerdos firmados entre las administraciones y la representación sindical a los que se refiere en su último escrito».

El grupo de antiguos trabajadores de Tharsis dirigió sucesivas misivas entre 2003 y 2004 al Defensor del Pueblo en las que se quejaba de haberse quedado fuera de las prejubilaciones que gestionaron los gobiernos andaluz y central por la dura crisis minera de la faja pirítica de Huelva. Por el contrario, pasaron a la Bolsa de Tharsis y luego fueron recolocados en las empresas Critrasa y Sol Lepe para el desempeño de tareas agrícolas, que también los dejaron en la calle.

Al hilo de estas reclamaciones y para poner en evidencia la supuesta discriminación de las administraciones respecto a otros compañeros, los mineros afectados denunciaron, tal y como ya avanzó LA RAZÓN, la existencia de beneficiarios de pólizas que ni siquiera habían pisado el tajo o la inexacta aplicación de los coeficientes reductores. Los escritos dirigidos al Defensor están plagados de denuncias sobre presuntas ilegalidades que han aflorado precisamente ahora, con la investigación judicial sobre la trama de los expedientes de regulación de empleo irregulares.

En este sentido, los mineros apuntaban en estos escritos que entre los prejubilados se encontraban personas «que no han sido ni mineros» y que no habían «visto la mina ni por dentro ni por fuera». Asimismo, aludían a una reunión mantenida con el ex delegado provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico en Huelva, el socialista Manuel Alfonso Jiménez, en la que éste les instó incluso a que les dieran «nombre y apellidos de los compañeros que se habían colado tanto en las prejubilaciones como en las bolsa de trabajo para quitarlos». Es decir, que el Gobierno andaluz tuvo hace más de siete años noticias de intrusos e irregularidades que ahora están en el punto de mira. Tanto es así, que la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, investiga los ERE de todas las empresas de la faja pirítica de Huelva: Minas de Riotinto, Nueva Tharsis, Bolsa de Tharsis, Insersa, Filón Sur, Almagrera y Navan Resources.

Preguntada por si la Junta tuvo constancia de las alertas de irregularidades, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, respondió el pasado 7 de junio con evasivas y sorteó posicionarse. «Cualquier información que aparece al respecto debe ser investigada por el juzgado. La Junta ha puesto a disposición de este juzgado toda la información». El blindaje fue el mismo ante la insistencia de si el Gobierno andaluz abrió algún tipo de investigación y cuál fue el resultado.

No obstante, la Junta sí estuvo al tanto de las quejas de los antiguos trabajadores de Tharsis, tal y como pone de relieve la remisión de documentos por parte de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico al Defensor del Pueblo de acuerdo a la investigación puesta en marcha por esta institución. El mismo día –el 18 de mayo de 2004– que el Defensor del Pueblo le comunicó a los afectados que daba por concluidas las actuaciones al no existir fundamentos suficientes para seguir adelante, cursó la misma respuesta al delegado provincial de la Consejería de Empleo.

Por otra parte, en los informes anuales del Defensor del Pueblo de los años 2003, 2004 y 2005 no existe ningún rastro de la investigación abierta en torno a los ex trabajadores de Tharsis. Entonces, como ahora, lo que se introduce es una selección de las quejas que se abren. El PP ha pedido insistentemente que el informe anual recoja todas las quejas y que éstas puedan consultarse sin selección en la página web de la Oficina del Defensor.