Comisión de investigación

Minas de Riotinto lleva treinta años en el limbo de la economía planetaria. Si alguna empresa podría adscribirse a eso que se llama «economía sumergida», ninguna mejor que ésta, que no está a flote pero tampoco se hunde ni su dramática situación termina de ahogar a nadie. Sólo está con el agua al cuello. Pero nunca se sabe si lo que hace es cerrar, si por el contrario está abriendo o si lo que deja es la puerta encajada para que entre y salga gente como en esos servicios de urgencia a los que se puede acudir sin llamar. Su permanente situación de crisis ha hecho que a cuenta de las Minas de Riotinto se hayan tirado por los husillos del gasto público decenas de millones de euros a cambio de no se sabe qué y para no proporcionar absolutamente nada, más allá de pérdidas millonarias. Pero con ser un ejemplo, no es sin embargo el único de un rosario de empresas andaluzas al borde permanente de la quiebra que se han convertido en el santo y seña de nuestra economía en las últimas décadas. Automovilísticas, cárnicas, aceiteras, navales, hoteleras... Empresas fantasma que están ahí sin estar, ajenas a las cuentas de resultados, con trabajadores zombis a los que se les pide esperar mano sobre mano mientras que durante años se mangonea en los presupuestos para que puedan seguir cobrando y se trapichea con leyes para darles cobertura legal. En cada una de esas historias hay un drama personal, un fracaso de la economía andaluza y una deliberada labor de ocultamiento por parte de la Administración. Ahora sabemos que también podría haber algo más. Existen razones fundadas para ello y, la primera de ellas, la negativa del PSOE a someterlo a control y debate mediante una comisión de investigación.
Sea cual sea la estrategia que la oposición quería llevar a la Cámara, el Parlamento no parece ser lugar para ello. Lo ha dicho Griñán negándose a crear esa comisión bajo el argumento de que la inmunidad parlamentaria serviría para difamar mediante una estrategia de mentiras. El Parlamento, pues, es inviable como foro a ojos de los socialistas. La calle tampoco es de su agrado y los tribunales de Justicia sólo en contadas ocasiones para no pasarse judicializando la política. Es la paradoja de un país que es capaz de poner un radar en cada una de sus carreteras para sorprender a ciudadanos desprevenidos o malintencionados, pero que mutila deliberadamente los mecanismos que detectan los excesos de quien gobierna. Ese lugar es el Parlamento donde, por cierto, no se enjuaga el honor de Arenas sino el de los andaluces y el honor de la verdad.