La herencia de Cascallana: el «crack» de Emgiasa

MADRID- La Junta General de Accionistas de la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (Emgiasa) acordó ayer solicitar al Juzgado Mercantil número 6 de Madrid el concurso de acreedores de dicha entidad pública ante «la gravísima situación económica y financiera» que atraviesa la misma. Un acuerdo que viene a ratificar la decisión adoptada ayer a primera hora por el Consejo de Administración de Emgiasa, empresa que se encontraba en preconcurso de acreedores desde el 31 de octubre del pasado año.

La deuda de 333 millones de euros que soportaba Emgiasa ha supuesto un lastre demasiado pesado para la viabilidad de la empresa. Esta decisión se adopta después de que en los últimos meses el equipo de Gobierno del PP, liderado por su alcalde, David Pérez, pusiera en marcha varias iniciativas, como renegociaciones de préstamos con entidades bancarias, cancelaciones hipotecarias o acuerdos con acreedores, orientadas a reducir la deuda. De hecho, desde la llegada del PP, la deuda de Emgiasa se ha reducido en 66 millones de euros, de los 333 que dejó en herencia el ex alcalde socialista Enrique Cascallana hasta los 267,4 actuales.Pese a todo, desde el municipio insisten en que «estas nuevas condiciones, sin embargo, no han posibilitado la remoción de la causa de insolvencia, por lo que la empresa se ha visto avocada a solicitar el concurso de acreedores».

«Clara agresión»
Desde la oposición, la portavoz del PSOE, Natalia de Andrés, exigió la «dimisión» del alcalde, al que acusó de llevar a cabo «el acto más irresponsable» desde su toma de posesión como regidor: «Es una clara agresión a una empresa pública que ha sido un referente en política de vivienda y que ha facilitado el acceso a una vivienda pública de calidad a más de 6.000 familias en Alcorcón». De Andrés subrayó que la decisión se ha aprobado sin ningún informe económico ni financiero y que con ella se trata de «engañar» a los vecinos. El PSOE abandonó la alcaldía en mayo de 2011, dejando una deuda de 612 millones de euros, a pesar de que el ahora senador Cascallana aseguró que el agujero municipal sólo era de 53 millones.