Hacienda tiene pendientes de cobro 6000 millones por delito fiscal

Así lo ha señalado Viana en un encuentro con los periodistas tras intervenir en la clausura del Congreso de los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) en Santander.

La directora de la AEAT ha destacado que el delito fiscal tarda muchos años en resolverse y por ello ha destacado la importancia que tiene la reforma del Código Penal que actualmente está en tramitación parlamentaria.

Viana ha informado de las actuaciones especiales que lleva a cabo la Agencia Tributaria para luchar contra la economía sumergida y ha incidido en que de las 12.000 inspecciones previstas para este año ya se han realizado 7.700, de las que en casi el 40 % se ha detectado riesgo fiscal.

Entre esas actuaciones están el control de alquileres en zonas turísticas, la venta ambulante en mercadillos, los amarres en puertos deportivos o los hoteles de turismo rural.

También ha informado de las medidas de gestión que prevé el control de extranjeros para impedir que eludan el pago de impuestos en España y un plan especial de control de fundaciones para recabar información sobre los fines sociales y de interés general declarados por entidades que se benefician del régimen especial de entidades sin ánimo de lucro.

Asimismo, se ha reforzado el control de los incentivos fiscales para pymes y de la aplicación del régimen especial para micropymes.

En cuanto a las medidas de recaudación, Viana ha destacado las inspecciones para hacer embargos de caja en locales de deudores abiertos al público y el embargos de vehículos históricos de alto valor y de gran cilindrada.

Además se hacen actuaciones en casos de deudores sin actividad declarada, pero con actividad presunta, y en el control de deudores premiados en juegos de lotería.

También se intensifican las derivaciones de responsabilidad a los administradores, con inspecciones a 12.200 sociedades con un importe en fase de embargo de casi 2.000 millones de euros.

Otra de las medidas supone intensificar las peticiones de colaboración a otros países de la UE para cobrar a 600 contribuyentes deuda de más de 720 millones.