El TS obliga a la Junta a entregar las actas que pueden salpicar a Griñán

SEVILLA- La juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, podrá acceder finalmente a las 480 actas de los consejos de Gobierno de la última década pese a la negativa del Ejecutivo andaluz.
El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Tribunal Supremo, presidido por el máximo responsable del Alto Tribunal, Carlos Dívar, acordó ayer por unanimidad, en sintonía con lo que ya había señalado la Audiencia Provincial sevillana, que «las actas de las reuniones del Consejo de Gobierno son públicas y no tienen carácter reservado en cuanto al contenido que les es propio y que se contempla en el artículo 30.3 de la Ley 6/2006». Precisamente esta última ley, la de 2006 del Gobierno de la Comunidad Autónoma, es en la que se ha apoyado la Junta desde el principo para apelar al carácter reservado de esta materia, que en su artículo 31 señala: «Las deliberaciones del Consejo de Gobierno, así como de las opiniones o votos emitidos emitidos en él, tendrán carácter secreto».
La sentencia supone un nuevo varapalo a la Junta, rechaza la mayoría de sus alegaciones, da la razón a Mercedes Alaya y declara la improcedencia del «requerimiento de inhibición» planteado por el Gobierno andaluz.
Las actas son una pieza nuclear en la investigación. Alaya persigue un posible delito de prevaricación. Quiere saber si el Consejo de Gobierno siguió utilizando una fórmula para el pago de prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis pese a conocer las reiteradas alertas –desde 2002 hasta 2008– de la Intervención General de la Junta de Andalucía por «prescindir de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido». Hay incluso documentos en los que la Intervención ordena que se remitan a Griñán sus observaciones sobre las irregularidades del proceso. Cuando aparecieron estos papeles el pasado mes de marzo, la actual consejera de Hacienda y Administración Pública –viceconsejera con Griñán– se inmoló asegurando que Griñán no los conoció porque ella no se los trasladó durante estos años ni privada ni oficialmente. No eran lo suficientemente relevantes al no detectarse «menoscabo de fondos públicos». Esta intrincada teoría nunca se la ha creído la oposición.
El Supremo, en cualquier caso, deja abierta la puerta a que el Ejecutivo autonómico de nuevo use el parapeto del carácter secreto de parte de las actas. Señala que «las dependencias públicas no podrán negarse a expedir las certificaciones y testimonios que sean solicitados por los tribunales, excepto cuando se trate de documentación legalmente declarada o clasificada como de carácter reservado o secreto, en cuyo caso se dirigirá al tribunal exposición razonada sobre dicho carácter». «Si tal caso se diese, el Consejo de Gobierno, tras una identificación del acta correspondiente, tendría la posibilidad de dirigir al juzgado dicha exposición razonada denegatoria, pero ello sólo puede afectar a ese concreto y efectivo contenido reservado del acta, no al resto de la misma, que no pierde su carácter público». Se desprende, por tanto, que la Junta puede guardarse en la manga el as de la confidencialidad, lo que a buen seguro derivará en futuros contenciosos entre la juez Alaya y el Gobierno andaluz.

Cronología
FEBRERO DE 2011
La Junta se niega a la petición de la juez de entregar las actas que reclama. La consejera de Presidencia se ampara en el carácter reservado de las deliberaciones y las votaciones del Consejo de Gobierno.
JULIO DE 2010
La Juez Mercedes Alaya deja claro en un auto que las actas no tienen carácter reservado e insta al Gobierno andaluz a que las ponga a disposición de la investigación. Recuerda que no ha pedido las deliberaciones.
SEPTIEMBRE DE 2008
Las 480 actas son depositadas en un armario acorazado de los juzgados de Sevilla por orden de la juez. Toma la medida en prevención de posibles alteraciones.
AGOSTO DE 2008
La Audiencia provincial de Sevilla dicta un auto en el que estima los recursos de la Junta y de la Fiscalía, ordenando que las actas vuelvan de nuevo bajo la custodia del Gobierno andaluz. La juez acata la medida.