Mellet y Castaño eludieron el control del interventor al pliego de condiciones

El interventor del Ayuntamiento y consejero de Mercasevilla, José Miguel Braojos, no elaboró ni dio su conformidad al pliego de condiciones para la venta de los terrenos, cuya «base» fue redactada por la jefa de área de Vía Pública, María Victoria Bustamante, por encargo del director de Vía Pública y estrecho colaborador del alcalde, Domingo Enrique Castaño. Así lo aseguró ayer en su declaración como testigo ante la juez Mercedes Alaya.
Así pues, el control del interventor a las condiciones para el concurso –aunque su misión no era fiscalizar– fue eludido por Castaño y Mellet, quien aseguró a Bustamante que tanto Braojos como el secretario del Ayuntamiento, Venancio Gutiérrez, ya le habían dado su visto bueno al pliego «cuando esto no era cierto por parte de ninguno de los dos».

Braojos señaló también que ni siquiera leyó el pliego de condiciones, por lo que no puede afirmar «si el definitivo se aprobó o no en la comisión ejecutiva y en el consejo de administración» de Mercasevilla ni en el Pleno del Ayuntamiento. Eso sí, una vez leído con posterioridad, considera que le pondría «algún reparo técnico» porque «es mejorable, pero legal», por lo que «votaría a favor del mismo».

Respecto a la cláusula de limitación al alza, el interventor comentó que «desde el punto de vista económico exclusivamente podría resultar claro que lo importante era obtener el máximo dinero posible», pero que Antonio Rodrigo Torrijos puso de manifiesto en las reuniones del consejo de administración que «por encima de la oferta económica había un fin superior que era evitar la especulación».

Braojos aclaró, no obstante, que a dicha cláusula «no le ve ningún problema legal». Cuestionado sobre si la ausencia en el último borrador del pliego del punto de limitación al alza y el hecho de que Mellet la obviara en la reunión de la comisión ejecutiva podía deberse a una intención de que pasara desapercibida para los ajenos a ella, respondió que lo desconoce, aunque «las actas de las reuniones de Mercasevilla dejan mucho que desear».
Asimismo, aseguró que no notó por parte del Ayuntamiento o Mercasevilla que Sanma fuera la empresa preferida para la concesión del derecho de opción de compra, ni tampoco tiene ningún motivo para pensar que el concurso se adjudicara fraudulentamente porque desconoce los detalles. Eso sí, apreció que había «predisposición a asumir el informe-propuesta de la mesa de contratación» sobre la valoración de las ofertas.

De Torrijos sí reconoció, confirmando lo declarado en su momento por el ex presidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo, que «le gustaba enterarse de todo lo que ocurría dentro del ámbito de Mercasevilla», que «a veces ejercía como presidente en ausencia del mismo» y que podía ser que hiciera más propuestas que el resto de consejeros, pero no lo puede decir con seguridad.

La juez Alaya le preguntó directamente si el entonces gerente de Urbanismo Manuel Marchena estaba al tanto de los detalles del concurso, a lo que contestó que no lo sabía, porque no le conocía personalmente en aquella época. Además, certificó que el consejero del PP Beltrán Pérez ha solicitado reiteradamente documentación sobre el concurso y «no puedo decir que se le haya facilitado»