La Junta no ve «novedad» en los ERE pese al auto que apunta a Griñán

Éste fue el muro que alzaron ayer, una vez más, dirigentes autonómicos de la Junta y del Partido Socialista al ser preguntados por el auto de la juez Mercedes Alaya que se conoció el martes. En este auto, la magistrada titular del juzgado número 6 de Sevilla pide al Ejecutivo andaluz la certificación de tres acuerdos del Consejo de Gobierno. Entre ellos, el del 27 de noviembre de 2007, en el que se aprobó una propuesta de modificación presupuestaria de 7,4 millones de de euros a favor de la partida 31.L, conocida como «fondo de reptiles», y que fue aprobada por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, entonces como consejero de Economía y Hacienda, un cargo que ocupó entre 2004 y 2009.

En este sentido, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, adujo que los autos «no hay que valorarlos, sino que cumplirlos y la información que se reclama, aportarla». Asimismo, criticó al PP por utilizar este asunto «como un elemento de su propaganda política, falseando la realidad, mintiendo e intentando establecer las falsas culpabilidades, que no aparecen ni siquiera en los autos».

El consejero de Empleo, Manuel Recio, abundó en la línea argumental de «colaborar al máximo con la Justicia como venimos haciendo hasta el momento», mientras que la consejera de Presidencia, Mar Moreno, señaló que el Ejecutivo aportará la documentación requerida, aunque garantizó, «a priori» –como ya ha hecho en otras ocasiones la Junta– que cualquier modificación en la partida 31.L ha contado con los controles de la Intervención General. Este órgano fiscalizador, dependiente de la consejería de Economía, ya avisó reiteradamente desde el año 2002 que a través de la fórmula de transferencia de financiación de explotación la Junta estaba vulnerando el procedimiento administrativo establecido.

Moreno defendió, asimismo, que el Pleno extraordinario de hoy se ha convocado para abordar temas de atualidad que tienen que ver con las preocupaciones de los andaluces y que no «hay ninguna novedad» en la polémica de los ERE que «justifiquen su inclusión» en el mismo. Hay que recordar que PP e IU solicitaron la comparecencia del Consejo de Gobierno para informar «sobre las implicaciones directas del Consejo de Gobierno en el fraude de los ERE» y que fue tumbada por la mayoría socialista. La portavoz parlamentaria del PP-A, Esperanza Oña, aseguró, en declaraciones a Ep, que hay una «enorme novedad: un auto que apunta directamente a la implicación del Consejo de Gobierno y a su presidente».

La juez busca un posible delito de prevaricación de la Junta y por eso centra su interés en los acuerdos del Consejo de Gobierno. La magistrada ha pedido las actas de los consejos de la última década, pero será el Supremo el que determine su puede acceder a ellas. En el auto del 11 de junio también requirió a Intervención que le informara si las prejubilaciones que pagó la Junta, a través de IFA o IDEA, en varias anualidades, necesitaron la autorización del Consejo de Gobierno «en lo que respecta al límite del crédito correspondiente a los ejercicios futuros o aquel en el que se aprobó el gasto».