Legalidad frente a ETA

Esta semana pedíamos al Gobierno una explicación sobre el episodio de las actas de ETA. Después de varias comparecencias del Ejecutivo, parece evidente que no está dispuesto a responder por las actuaciones plasmadas en los documentos de la banda, que eran en buena medida un relato de los hechos que se produjeron durante la negociación entre el Gobierno y los terroristas. El Gobierno ha preferido culpar al PP en un intento baldío de desviar la atención y de pasar una página en la que están en juego cosas de gran relevancia como la lealtad y la confianza, principios clave en la lucha contra el terrorismo. Las palabras frente a los hechos valen de poco y, de momento, los socialistas sólo han aportado retórica cuando se los acusa de maquinar un gran engaño.

El Gobierno ha pretendido de forma injusta utilizar en su defensa el alto el fuego de ETA en la etapa de Aznar para trasladar a la opinión pública que todos intentaron e hicieron lo mismo. La manipulación no puede ser mayor. No sólo porque el PNV fue el que negoció aquella tregua, sino porque el Ejecutivo del PP nunca estuvo dispuesto a una sola concesión política y por eso aquello acabó con un único encuentro mientras los socialistas mantuvieron decenas de ellos. El presidente Aznar respondió ayer como debía. Fue concluyente y convincente. Acusó de «deslealtad» al Gobierno, de negociar cuando aseguraba que no lo hacía y de estar dispuesto a pagar un precio a los terroristas. Uno de los muchos méritos de Aznar fue que sacó la política antiterrorista de los atajos en los que fue metida por el PSOE hasta arrinconar a la banda. «La lucha contra ETA debe basarse sólo en la Ley y en toda la Ley y no se puede distinguir entre terroristas buenos y malos, porque todos son los mismos, da igual su nombre». Principios que sirvieron entonces y valen hoy.

Aznar habló de los nombres de ETA. Para él, para una mayoría del Tribunal Supremo y para la opinión pública, Sortu es Batasuna y Batasuna es ETA. El auto de la mayoría de magistrados de la Sala del 61 contra la marca proetarra da fe de ello. La trascendencia del fallo radica en su solidez jurídica y en que, a diferencia del voto particular a favor de inscribir la marca proetarra como partido, se atiene a los documentos intervenidos a ETA y Batasuna y huye de las conjeturas. Esos papeles especifican que Sortu forma parte de una estrategia fraudulenta diseñada por ETA en 2009, que contempla el falso distanciamiento de la violencia. Por tanto, la banda ha ordenado y ha tutelado el proceso. El voto particular de siete magistrados, en cambio, no concibe que todo sea una trampa y defiende una especie de legalización «a prueba». Increíblemente, no ven similitudes entre Sortu y Batasuna, y ensalzan «el carácter contundente del rechazo de la violencia contenido en los estatutos». Cabe recordar que ANV, viejas siglas recuperadas por Batasuna, también negaba la violencia y aquello acabó como acabó. Estos magistrados rechazan «una ilegalización preventiva», pero no hay tal cosa, porque los papeles de ETA ya demuestran que existe la connivencia y la continuidad en las siglas.

Aznar blandió ayer la legalidad como la mejor política contra el terrorismo. Toda la Ley, dijo. Un principio básico contra ETA y Sortu que no hay que olvidar.