Rajoy baja hasta un 76% el sueldo de los directivos de bancos con ayudas

La crisis económica que azota España no sólo se dejará sentir este año en los bolsillos del común de los ciudadanos españoles, tras la congelación del salario de los funcionarios y el pacto de rentas, rubricado por sindicatos y patronal, que mantiene prácticamente los sueldos del sector privado bajo mínimos. A las puertas de la recesión, el Ejecutivo quiere dar ejemplo y ayer dio luz verde a un decreto-ley para sanear el sistema financiero, lastrado por la crisis de la construcción, que pone coto a las espectaculares retribuciones de la cúpula directiva de las entidades financieras que hayan sido «intervenidas» o controladas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) o hayan recibido créditos de este Fondo.

A partir de la entrada en vigor de este decreto-ley, estos altos directivos verán recortados sus sueldos este año entre un 76%, en el primer caso, con un máximo de 300.000 euros de remuneración al año, y un 67%, en el segundo, con un tope de 600.000 euros. De esta manera, la reforma del sector bancario insiste en la transposición de las normas comunitarias, que han topado los salarios de los ejecutivos de entidades financieras que hayan recibido ayudas públicas para ser reflotadas.

Sin remuneraciones variables
En este escenario, las retribuciones de los ejecutivos de las entidades que han recibido préstamos del Frob (Banca Cívica, Bankia, BMN y Caja España) no superarán los 600.000 euros. Por debajo de esta cifra sólo cobraban hasta la fecha los directivos de BMN. Según datos del Banco de España, su presidente percibió un salario anual de 456.000 euros.

A la cabeza del ránking salarial, se colocó el año pasado el presidente de Bankia, Rodrigo Rato, con un sueldo reconocido de 2,34 millones de euros. Le siguió el consejero delegado de esta misma entidad, Francisco Verdú, con 2,26 millones anuales. El presidente de Banca Cívica, Antonio Pulido, y su vicepresidente, Enrique Goñi, publicitaron salarios anuales de 900.000 euros. Mientras, lo altos cargos de Catalunya Caixa, Unnim, Novagalicia y el Banco de Valencia, entidades controladas o «intervenidas» por el Frob, como consideró ayer la vicepresidenta del Ejecutivo, podrán cobrar un máximo anual de 300.000 euros. El salario del presidente de Catalunya Caixa, Adolf Todó, ascendió a 1,55 millones anuales y el de su director general Jaume Masana a 860.000 euros. El director general de Unnim, Jordi Mestre, cobró 963.000 euros. En Novagalicia, el presidente José María Castellano, y el consejero delegado, César González-Bueno, admitieron percibir una remuneración anual de 899.000 euros.

Además, los consejeros no ejecutivos de estas entidades controladas por el Frob percibirán un máximo anual de 50.000 euros. Esta cuantía se multiplica por dos en el caso de los de entidades con créditos del Frob. El decreto-ley prevé también la suspensión del pago de las retribuciones variables en las entidades financiadas por el Frob. No obstante, pasados tres años se valorará si los ejecutivos han sido capaces de desarrollar el plan de viabilidad previsto.

Para aplicar estos recortes a los salarios de las entidades que perciben ayudas públicas, el Gobierno se ha basado en un informe del Banco de España. Este documento revela que han cumplido de manera «media o baja» las directivas europeas sobre retribuciones de sus directivos, según desveló ayer Luis de Guindos, al término del Consejo de Ministros.

La vigilancia sobre el cumplimiento de estas directivas depende del banco emisor. Pese al incumplimiento manifiesto de las mismas, el ministro rompió una lanza en favor del equipo humano del Banco de España y calificó de «muy elevada» la confianza del Ejecutivo en la entidad supervisora.

Además de topar los salarios de las entidades que perciben fondos públicos, el decreto-ley aprobado ayer supondrá el saneamiento del sector bancario español por 50.000 millones. Las entidades, lastradas por 323.000 millones en activos inmobiliarios, dispondrán de un año para acometer este saneamiento. Las que consideren que no son capaces de acometerlo en solitario estarán abocadas a la fusión, cuyo proyecto deberán presentar antes del 31 de mayo próximo.

Además, la reforma del sistema financiero simplificará los órganos de gobierno de las cajas que hayan cedido su actividad de crédito. A partir de ahora sólo podrán contar con consejeros en asambleas generales y en los consejos de administración.

Las cajas, que ya no ejercen como entidades de crédito, estarán obligadas a destinar el 90% de sus ingresos a la obra social. Así, el Gobierno busca rebajar los costes de funcionamiento de estas entidades. El decreto-ley rebaja también del 50% actual al 25% el umbral de capital a partir del cual las cajas deberán convertirse en fundaciones.

El ICO pone a disposición de las autonomías 15.000 millones
La Comisión para Asuntos Económicos del Gobierno dio este jueves luz verde al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que habilite una línea de 10.000 millones ampliable hasta 15.000 dirigida a inyectar liquidez a las autonomías. De esta cuantía, hasta 7.500 millones se destinarán a pagar los vencimientos de deuda contraídos antes del 1 de enero pasado. En este primer tramo, el ICO realizará pagos directos a los acreedores de las regiones y sus préstamos vencerán en un máximo de tres años y contarán con una amortización «anual, lineal y constante». El tipo de interés que se aplicará a estos créditos será el de referencia del ICO más 225 puntos básicos. Las comunidades dispondrán, además, de hasta otros 7.500 millones para pagar los contratos de suministro de obras y servicios suscritos antes del 1 de enero de este año previamente contabilizados como déficit. En este caso, el ICO pagará directamente a los proveedores a través de una entidad. Los préstamos tendrán un vencimiento único de 11 meses y el tipo será el de referencia del ICO más 175 puntos básicos.