Medrano afronta dos años de cárcel por el veto a Foxá

Ambas asociaciones solicitan además que testifiquen en el juzgado de Instrucción número 6 el primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos, y la ex portavoz municipal Maribel Montaño, ya que consideran que ambos respaldaron «al menos a posteriori» al decisión de Medrano. Asimismo, piden la comparecencia de Cristina Paloma Torrego, ex directora del centro cívico, que fue destituida al trascender el veto a un acto que ella autorizó.

Los letrados entienden que la delegada de IU incurrió en un delito de prevaricación y en otro contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, ya que basó su decisión «en motivos políticos e ideológicos, porque el poeta Agustín de Foxá estuvo relacionado con la Falange».

En el escrito presentado por la asociación Fernando III –representada por el letrado Ángel Bordas–, al que tuvo acceso Europa Press, esta entidad relata que, con fecha 17 de septiembre de 2009, se solicitó por su parte la concesión de una sala en el centro cívico para realizar, el martes 6 de octubre de 2009, un homenaje literario al escritor. «Unos días antes de celebrarse el acto, la imputada dio orden expresa para revocar la autorización concedida el 23 de septiembre, pese a conocer que se trataba de un homenaje literario como todos los que habían realizado con anterioridad las asociaciones convocantes».

Dicha entidad solicita para Medrano la inhabilitación especial para empleo o cargo público por ocho años por un delito de prevaricación; dos años de cárcel, multa de 24 meses e inhabilitación por tres años por el delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas; así como el pago de una indemnización de 3.000 euros por los daños morales ocasionados. Por su parte, el abogado de la asociación Ademán, José Manuel Sánchez del Águila, pide su inhabilitación por siete años por un delito de prevaricación, así como 20 meses de prisión, 18 de multa a razón de 50 euros diarios e inhabilitación durante dos años por el delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, además de una indemnización de 300 euros por los perjuicios sufridos.