La votación del 28-J todavía no el último paso

Si el próximo 28 sale adelante la Iniciativa Legislativa Popular presentada por PROU! para abolir las corridas en Cataluña, no sería una sentencia de muerte para la Fiesta. El camino a seguir pasa inexorablemente por el Tribunal Constitucional, que es quien tiene potestad para sin efecto toda medida adoptada en el parlamento catalán. Es un itinerario «proceloso y complicado, como comentó a LA RAZÓN el abogado Íñigo Fraile. Es necesario preparar las alegaciones oportunas contra el texto normativo que se elabore y conseguir medidas cautelares que lo dejen sin efecto.El recurso tendría como base el Artículo 149 de la Constitución Española, en el que se expresa explícitamente: «El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias», y en su apartado número 28, se concreta: «Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental [...] sin perjuicio de su gestión por parte de la Comunidades autónomas». Si nos ajustamos al texto, las medidas que se aplicarían irían en contra de una de las competencias propias del Estado. Ningún gobierno autonómico puede actuar en contra de las mismas. Es evidente que supone un ataque frontal contra la libertad de los ciudadanos que sí son partidarios de la Fiesta. Estas personas verán cercenado su derecho a disfrutar de este espectáculo. Asimismo se eliminarían oportunidades de trabajo para mucha gente que vive de este mundo, además de imposibilitar a muchos profesionales desarrollar su labor en este territorio. Todo lo cual choca de frente con la normativa española y comunitaria en lo que a libre circulación de trabajadores se refiere. El inconveniente nace en la ausencia de un cuerpo legislativo sobre el que trabajar, «no se puede presentar recurso sobre unas intenciones, sólo cuando exista unas normas concretas se pueden iniciar lo pasos oportunos», esgrimió el letrado.Más actuacionesLa Mesa del Toro expresó en un comunicado su malestar por la decisión del PSC de conceder libertad de voto para sus diputados. Se sienten engañados por su líder, quien prometió la unidad de voto. Si la ILP toma cuerpo legal, no dudarán en tomar las medidas para defender los intereses del sector.