Beneficios penitenciarios para el entorno de ETA

El Tribunal Supremo rebajó las penas este año a una docena de «pianistas» y miembros de la banda Segi

Rubalcaba insistió ayer en la rueda de prensa que «estamos en el fin de ETA»
Rubalcaba insistió ayer en la rueda de prensa que «estamos en el fin de ETA»

Cinco «pianistas» de ETA, es decir, quienes se dedicaban a captar a miembros para la banda, cuatro integrantes de Segi y otros tres colaboradores de la banda terrorista, condenados por colaborar en la huida de dos etarras en 2008, se han visto «beneficiados», por unos motivos u otros, de rebajas en las condenas que les fueron impuestas inicialmente por la Audiencia. En apenas seis meses, una docena de acusados en tres procedimientos distintos, que con sus actividades contribuyeron a la finalidad de ETA, recibieron del Tribunal Supremo la revocación parcial de las sentencias dictadas por la Audiencia e incluso la absolución para algunos de ellos. No había «delitos de sangre» en ningún caso.


«Pianistas»
En abril del pasado año, la Audiencia Nacional condenaba a Zugaitz Izagirre Amestoi y a Carlos Moisés Martín Sánchez a siete años de cárcel por pertenencia a ETA, y a Regina Maiztegi Aboitiz, Alberto González Etxeberria y Mikel Garaiondo Bastida a seis años de prisión por colaboración con banda terrorista. En la sentencia se consideraba que existían indicios que acreditaban que los acusados pertenecían a «los aparatos de captación y de información de ETA» y que habían proporcionado a la banda nombres de personas susceptibles de entrar en la misma, así como datos de interés para sus operaciones terroristas. En esa resolución, ya se les aplicaba la atenuante de dilaciones indebidas en la instrucción de la causa.
Sin embargo, en febrero de este año, el Tribunal Supremo rebajó sensiblemente las penas: las condenas de siete años de prisión se quedaron en tres y las de seis años de cárcel, en dos años y seis meses, excepto para Mikel Garaiondo, quien fue absuelto.


Ayudar a huir a dos etarras
El motivo esgrimido por el Supremo fue el «injustificado» retraso de la Audiencia Nacional en toda la tramitación de la causa, iniciada por Garzón en el año 2004, y cuyo juicio no se celebró hasta enero de 2010 y la sentencia se dictó en abril del pasado año. Los hechos ocurrieron entre 1995 y agosto de 2002, por lo que la decisión de la Audiencia se produjo casi ocho años después, circunstancia decisiva para que el Supremo rebajase las penas.

El pasado siete de junio, el Supremo anulaba las condenas que impuso la Audiencia a cuatro acusados de haber facilitado la huida a un etarra en el año 2008. Las penas oscilaron entre los cinco y siete años de prisión. En esa sentencia, la Audiencia consideró acreditado que Amets Ladislao, María Mercedes Alcocer, Ibai Egurrola y Javier Gutiérrez cobijaron y ayudaron a huir a dos miembros de la banda.

El Supremo, en cambio, consideró que no había ninguna prueba que avalase la tesis de la Audiencia y que, además, existían irregularidades en los interrogatorios. Y, junto a ello, que Ibai Egurrola fuese condenado por hechos que no fueron objeto de acusación, excediéndose los términos de la imputación del fiscal. Absolvió a todos los imputados.


Segi
La última «corrección» a la Audiencia por parte del Supremo se produjo apenas diez días después. En esta ocasión, los «agraciados» fueron cuatro miembros de la ilegalizada Segi. El 21 de julio de 2010, la Audiencia Nacional pidió siete años y seis meses de cárcel para Sendoa Aratz Jurado García, Unai Frías de la Red, Jon Villanueva Patín y Asier Gómez Salazar Rodríguez por incendiar, en 2008, una sucursal bancaria en Baracaldo. Los integrantes de Segi se beneficiaron de la resolución del Supremo que, a pesar de que los abertzales actuaron con cóctel molotov, no consideró que los hechos pudieran calificarse como un delito de incendio terrorista en grado de tentativa.

El Tribunal se basó en que no existió «riesgo para la vida o integración física».


El Gobierno cree ahora que se puede echar a Bildu
Al Gobierno no le gusta ahora que Bildu gobierne en el Ayuntamiento de San Sebastián y en la Diputación de Guipúzcoa. Su portavoz, Alfredo Pérez Rubalcaba, reconoció ayer que hubiera preferido una alianza estratégica entre PNV y PSE para bloquear su llegada al poder. No obstante, aseguró que el Ejecutivo respeta y acata la decisión del Constitucional, que permitió a Bildu concurrir a las elecciones, y la de los votantes, que le han dado la fuerza que tiene ahora. Dicho lo dicho, advirtió a la coalición de que las leyes están para cumplirlas y que no tiene mayoría absoluta ni en San Sebastián ni en Guipúzcoa. Así, dejó la puerta abierta a una eventual moción de censura del PSE, PNV y PP. Además, el Gobierno no modificará su política anti ETA, incluida la de los presos etarras. «Estamos en el fin de ETA» gracias a esta política. Por eso no cambiará.