«Entendemos que deberían haberse publicado en el BOJA»

sevilla- La Policía Judicial en su informe de conclusiones sobre la trama de los expedientes de regulación de empleo califica de «incumplimiento flagrante» que las ayudas no se publicaran en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Apunta incluso que se vulneró así el artículo 106 de la Ley General de Hacienda Pública. El Gobierno andaluz defiende que no era necesario, ya que la cuantía de las mismas no superaba los tres millones de euros –por lo que no tenían que contar con el visto bueno del Consejo de Gobierno– y se otorgaban con carácter individual a los beneficiarios. De esta forma, se dificultaba la fiscalización y el conocimiento público de las mismas. Esta opacidad permitió incluir a personas ajenas a los procedimientos objetos de subvención y que ahora investiga la Justicia.

La consejera de Presidencia, Mar Moreno, dio ayer un giro a este argumento. «Entendemos que deberían haberse publicado en el BOJA», dijo durante su comparecencia pública. Una enmienda a la labor desarrollada durante la presidencia de Manuel Chaves.

La estrategia del Gobierno andaluz también incluye la solicitud a la Cámara de Cuentas para que fiscalice las ayudas sociolaborales asociadas a trabajadores afectados por los ERE. Los trabajos del órgano fiscalizador se dilatan en el tiempo, por lo que es muy improbable que tenga su informe final antes de dos años. Otras alternativas con procedimientos más ágiles como una comisión de investigación parlamentaria ya las ha rechazado el PSOE –el partido que sustenta al Gobierno–, pese a las peticiones de los dos partidos de la oposición, PP e IULV-CA.

En esa ofensiva que explicó Moreno en búsqueda de la «transparencia», la portavoz del Ejecutivo también anunció que los servicios jurídicos de la Junta están estudiando la fórmula jurídica apropiada para presentarse en el proceso como parte perjudicada en el mismo.