Más autoridad menos conflictos

MADRID-Que una madre tire del pelo a una profesora antes era considerado una falta que se sancionaba con 150 euros; ahora, con la ley de autoridad del profesor, puede suponer hasta dos años de cárcel. La norma está vigente en Madrid, Valencia y La Rioja, y el PP ya ha anunciado que promoverá una norma a nivel estatal pero, en la práctica, las fiscalías ya piden penas de cárcel para las agresiones a los profesores en todas las comunidades autónomas. La contundencia de las medidas de esta ley, junto con los reglamentos de convivencia de los que disponen ya todos los centros son las dos razones que han provocado una mejora del clima en los centros y una rebaja de la conflictividad. Así lo cree el sindicato independiente de profesores ANPE, que ayer presentó los datos del defensor del profesor pertenecientes al curso 2010-2011, un servicio de atención inmediata y gratuita para docentes víctimas de situaciones de conflictividad y violencia en las aulas. El sindicato considera que es «una medida de apoyo ante la indefensión del profesorado y una llamada de atención sobre el problema de la violencia escolar». Desde que se puso en marcha, en 2005, una media de 10 profesores al día recurren a este servicio y sólo en el último curso académico lo hicieron 3.683, es decir, 315 llamadas menos que en el anterior curso académico, lo que constata esa reducción de la conflictividad. Eso no significa, sin embargo, que los problemas hayan desaparecido. La mayoría de las llamadas tienen que ver con conflictos con los alumnos: problemas para dar clase (24%), acoso y amenazas (20%), faltas de respeto (19%), insultos (14%), falsas acusaciones de padres y alumnos (14%), conductas agresivas de los alumnos hacia el profesor y hacia sus propios compañeros (11%), grabaciones o fotos en internet (9%), y agresiones de los estudiantes (6%).

Sin embargo, visto en comparación con el curso 2009-2010, ya se empiezan a registrar descensos en todas estas cuestiones, excepto en lo que se refiere al comportamiento de los padres, ya que han aumentado los casos de acoso y amenazas y las presiones de éstos a los docentes para que modifiquen las notas de sus hijos. Eso sí, hay menos casos de agresiones a los profesores. Y es que, ahora que agredir al profesor es un delito, los padres se lo piensan dos veces.

Inmaculada Suárez, coordinadora del defensor del profesor, aseguró que «los problemas siguen existiendo, pero lo único que necesitan los docentes es recurrir a la ley para aplicar las medidas oportunas. El problema surge cuando no se cumple la norma o se hace parcialmente». Según Suárez, los problemas con los padres surgen «cuando éstos no admiten la sanción que se impone a sus hijos, o no aceptan que en cuestiones pedagógicas el profesor sea el especialista». La coyuntura económica también influye en la actitud de los padres. Según Suárez, «la situación de crisis causa en algunos padres un malestar que proyectan en el profesor». En general, en Infantil y Primaria, la mayor parte de las quejas de los profesores son sobre los padres, mientras que en Secundaria hay mayor queja del comportamiento de los alumnos. El presidente del sindicato ANPE, Nicolás Fernández Guisado, pidió ayer al nuevo Gobierno que apruebe una ley para toda España en la que los docentes sean considerados autoridad pública en el ejercicio de su función.

La primera madre en la cárcel
El pasado agosto se produjo un hito en nuestro país. Por primera vez, una madre entró en prisión por agredir a un docente. Los hechos ocurrieron a finales de 2010. Estefanía C. F., de 23 años y vecina de Fuente Vaquero (Granada), irrumpió en un aula de 20 alumnos del colegio Federico García Lorca y le gritó a una maestra: «Te voy a rajar». Después, la agarró por el pelo y la zarandeó. La agresora fue condenada a tres años de cárcel por dos motivos: su reincidencia –ya había dado un bofetón a un sargento de la Guardia Civil– y el hecho de que la agresión se llevara a cabo con niños delante.