Otra farsa de ETA

Ninguna sorpresa: los secuaces de ETA escenificaron ayer su enésima pantomima al Estado de Derecho al presentar una nueva franquicia de Batasuna con el objetivo de presentarse a las próximas elecciones municipales. Prueba de ello es que las voces y los rostros de la nueva marca –Rufi Etxeberria, Joseba Permach, Jon Petrikorena y Tasio Erquicia– presentan las credenciales de pleitesía a los etarras, además de participar activamente en generar recursos para sus extorsiones y asesinatos a través de su presencia en las instituciones, algo que se logró erradicar con la Ley de Partidos y con las distintas sentencias del Supremo que fueron ilegalizando a la propia Batasuna y después a sus «herederas» Acción Nacionalista Vasca, Partido Comunista de las Tierras Vascas e Iniciativa Internacionalista.
El nuevo órdago al Gobierno, a la Justicia y a la sociedad española bebe de las fuentes de Batasuna aunque utilice, –e incluso manosee en función de su conveniencia– otras palabras. Algunos, entre ellos el PNV, están tentados de creerse esta farsa ante la «novedad» de que incluya en sus estatutos un «rechazo a la violencia, incluyendo la de ETA si la hubiera», como si ésta no existiese en la actualidad. Es obvio que los etarras no van a actuar contra la línea de flotación de su nuevo proyecto político con un atentado en los próximos meses, tan obvio como que el entorno etarra vuelve a la escaramuza dialéctica para decir a la sociedad que «rechaza» la violencia, pero no la «condena», como sería deseable y pertinente. Tampoco han pedido a ETA lo que solicitan todos los demócratas: su disolución sin ninguna contrapartida, incluso ayer hablaron de un proceso de diálogo y negociación, asumiendo así que la desaparición de la banda debe ir acompañada de algún gesto de magnanimidad. No condenaron los atentados de los etarras de las últimas décadas, como si interpretaran que hay que hacer tabla rasa, lo que sería un insulto inaceptable para las víctimas, y se ampararon en los principios del senador Mitchell, que contempla un escenario con dos partes en conflicto, una vieja aspiración de ETA, que siempre ha querido que sus crímenes sean considerados como parte de un enfrentamiento político entre España y el País Vasco que no es tal.
Es de esperar que este nuevo partido no encuentre ningún resquicio legal para estar presente en las urnas la próxima primavera. Porque no hay lugar para el engaño: ETA sigue viva y Batasuna continúa siendo su ramificación política que busca desesperadamente un hueco en la escena política vasca. Ante esta nueva treta, el Gobierno tiene que responder con contundencia buscando pruebas con las que se las pueda llevar ante los tribunales, como anunció ayer Pérez Rubalcaba, que remitirá a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado los estatutos junto a los informes de la Policía. Este escenario no debería erosionar la firmeza con la que el PSOE y el PP han amparado las condiciones de la Ley de Partidos que tan buenos frutos ha dado en el pasado, al desactivar políticamente cualquier iniciativa del entorno etarra. Sabemos cuál es el camino para derrotar a los asesinos. Cualquier desvío al albur de esta nueva estratagema de los esbirros etarras supondría cometer un error que los demócratas no nos podemos permitir.