Café para todos

Todas las autonomías, con independencia de su color ideológico, se levantaron ayer en pie de guerra contra el Ejecutivo central, al que acusaron de «trato de privilegio» hacia Cataluña, después de que anteayer el jefe del Gobierno se comprometiera con el president a permitir a la Generalitat emitir 2.500 millones de deuda en las próximas semanas. Este pacto sellado entre José Luis Rodríguez Zapatero y Artur Mas se produce después de que Economía impidiera en 2010 a los Ejecutivos de Castilla-La Mancha y Murcia y al Ayuntamiento madrileño aumentar su nivel de endeudamiento.

Tras el aluvión de críticas que suscitaron ayer los «privilegios» concedidos por La Moncloa a Mas, fuentes gubernamentales puntualizaron a LA RAZÓN que aún no hay nada firmado con Cataluña. Estas mismas fuentes aseguraron no entender las acusaciones de un «trato de privilegio» hacia la Generalitat catalana. «Si cumple con la ley, es perfectamente factible autorizarle esta emisión de deuda», avisaron. Es más, estas mismas fuentes mostraron la disposición del Gobierno a permitir emisiones de deuda al resto de las autonomías que cumplan con la ley.

El Consejo de Ministros es el órgano competente para aprobar o vetar estas emisiones de deuda autonómica. Ahora bien, los gobiernos regionales deben cumplir con el objetivo de déficit establecido en el 2,4% del PIB para el conjunto de las autonomías en 2010 y en el 1,3% en 2011, según se pactó, en su día, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Cataluña incumple este requisito con un déficit reconocido el año pasado del 3,7% del PIB catalán.

En este caso, el CPFF decidió permitir el nivel de endeudamiento a estas comunidades que incumplen el objetivo de déficit siempre y cuando presenten un plan de reequilibrio financiero de sus cuentas, que debe aprobar el Ministerio de Economía. En esta circunstancia se encuentra Cataluña. El Departamento de Salgado aún no ha decidido si bendecirá o no este plan de saneamiento de las cuentas catalanas. Sin embargo, antes de su aprobación la Generalitat podrá emitir en un primer tramo deuda por 2.500 millones de euros, según reconoció anteayer el propio Mas, tras su encuentro con Zapatero en La Moncloa. De esta cuantía, el Ejecutivo catalán destinará buena parte a refinanciar deuda que vence este año.

Además, el Gobierno central le permitirá un segundo tramo de emisión, una vez Economía de su visto bueno a su plan de saneamiento para hacer frente a unas necesidades de financiación de la Generalitat de 11.600 millones de euros en este ejercicio.

De ahí que el resto de las autonomías clamaran ayer contra este «trato discriminatorio» en un momento de crisis como el actual. De hecho, en esta situación se encuentra el Ayuntamiento de Madrid. La decisión de Zapatero ha generado un «profundo malestar» en el consistorio. El presidente negó a Alberto Ruiz-Gallardón en noviembre pasado la posibilidad de refinanciar su deuda con una nueva emisión. El alcalde acusó ayer a Zapatero de haberle mentido cuando apeló a objetivos de déficit y de estabilidad para no autorizarle las operaciones de endeudamiento que le solicitó. Se trata, aseguró, de un caso de «discriminación» y «trato desigual» de Zapatero a los madrileños respecto a los catalanes, que «no responde a motivos económicos sino políticos». En ese sentido, el consejero de Economía de Madrid, Antonio Beteta, consideró ayer las peticiones de endeudamiento del Ayuntamiento de la capital y de los Gobiernos de Murcia y Castilla-La Mancha «tan razonables» como las de Cataluña.
CPFF, en entredicho

Mientras Mas desoía las críticas de trato de privilegio a cambio de su apoyo al Ejecutivo, el presidente murciano, el popular Ramón Luis Valcárcel, solicitó ayer una reunión urgente con Zapatero para «desbloquear» la autorización de endeudamiento y criticó el «empeño obsesivo» de no dar a su región «lo que se merece». El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José María Barreda, advirtió, por su parte, de que no aceptará «ningún tipo de trato discriminatorio» del Gobierno, al que exige igualdad de trato «se viva donde se viva». En ese sentido, recordó que la Constitución establece que todos los españoles son iguales ante la Ley, por lo que está convencido de que el Gobierno «tratará de la misma manera a todas las comunidades y no va a privilegiar a ninguna de ellas».

Además de que todas las autonomías pidan un trato idéntico al dispensado a Cataluña, el pacto de Zapatero y Mas cuestiona los acuerdos del CPFF para la mayoría de las regiones. Por eso el valenciano solicitará la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal, con el fin de debatir «en un plano de igualdad» los criterios para fijar los límites de endeudamiento de las autonomías.

La Xunta de Galicia, gobernada por el PP, avisó ayer de que este acuerdo con Mas «incumple lo pactado» en el CPFF y «sustituye este foro por una negociación bilateral». Desde la Junta de Castilla y León se criticó que se permita operaciones de endeudamiento a unos sí y que se salten órganos colegiados como el CPFF. Mientras, el presidente riojano, Pedro Sanz, exigió al Gobierno que explique por qué aplica una norma de manera diferente en una u otra región, «en función del interés partidista y electoral».


Cataluña pide «que se pague lo que se debe»
- El Gobierno de Cataluña rechazó las quejas de otras comunidades autónomas y ayuntamientos por haber sido facultada para emitir más deuda porque, al fin y al cabo, subrayó la Generalitat, está en su derecho de pedir «que se pague lo que se le debe».
- La denuncia de otras administraciones sobre el agravio que supone la autorización a Cataluña de un mayor endeudamiento no sorprendieron al portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, que dijo que ya está acostumbrado «por desgracia» a recibir este tipo de críticas acerca de los privilegios con que se trata a Cataluña.
- Homs no quiso entrar al trapo de la discusión con otras comunidades, pero sí que quiso reclamar a todas «madurez democrática»