Una empresa de Jaén funcionó sólo para recibir subvenciones

Sevilla- El PP-A se mostró ayer muy crítico con el escándalo que afecta a la gestión de la Junta de Andalucía después de que un informe de la Cámara de Cuentas desvelara que la empresa pública Invercaria repartió más de 20 millones de euros a empresas de manera «discrecional», según el órgano fiscalizador. En palabras del secretario general del PP-A, Antonio Sanz, esto supone un nuevo capítulo de financiación ilegal de entidades y personas relacionadas con el PSOE, por lo que las actividades de Invercaria se sumarían al primer «fondo de reptiles» que investiga la juez Mercedes Alaya.
«Estamos ante un segundo fondo al servicio de los intereses electorales del PSOE», afirmó Sanz, quien aseguró que la Agencia IDEA se sirvió de esta empresa pública para canalizar los fondos destinados a estas entidades. Como ejemplo, el dirigente popular puso de relieve la situación de la empresa de Jaén Electronic Devices Manufacturer (EDM), localizada en Mancha Real, y que según Sanz, toda su actividad se dedicó exclusivamente a recibir subvenciones entre los años 2008 y 2009. En total, estuvo en funcionamiento siete meses en los que recibió 4,7 millones de euros en concepto de ayudas y préstamos. Una cantidad que según el desglose realizado por Sanz se corresponderían con más de tres millones de euros otorgados por la Consejería de Empleo con cargo al «fondo de reptiles», a los que hay que añadir otras dos ingresos de Invercaria de 450.000 y 730.000 euros. Estas dos cantidades fueron recibidas con tan sólo siete días de diferencia. Una herramienta para evitar llegar a los 1,2 millones de euros, ya que si las ayudas llegan a este tope deben ser fiscalizadas por el Consejo de Gobierno. Además, el PP-A sostiene que a este dinero hay que sumar otros 384.000 euros que se entregaron con posterioridad provenientes también de las partidas origen de esta trama. Ante esta situación, los populares se preguntan cómo se pudieron dar estas ayudas cuando la situación de la empresa era tan precaria, puesto que tan sólo siete meses después de iniciar su actividad ya se encontraba en situación de suspensión de pagos.
Por su parte, desde Invercaria criticaron también ayer la postura de los populares y se mostraron contrarios al «todo vale», puesto que defienden la claridad de sus cuentas y argumentan que todas sus operaciones actúan bajo el control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En una nota remitida, mantienen que para una mayor «transparencia» en la gestión, depositan «cada año sus cuentas auditadas por PriceWaterhouseCooper (auditoría privada externa) en el Registro Mercantil, a lo que ahora se suma la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas de Andalucía, que ha trabajado durante casi un año en la elaboración de su informe».
Sin embargo, Sanz pidió a los responsables de esta entidad que tengan precaución. «Mejor ser prudentes, cuando se dedican a presumir de buena gestión», dijo el dirigente popular para añadir que en el Consejo de Gobierno celebrado el 8 de mayo de 2007 se acordó que la Intervención de la Junta de Andalucía debería auditar todas la empresas públicas, pero en el que se excluye de ese control de la gestión económica a Invercaria.

Un sobrino de Felipe, al frente de la empresa
El nepotismo en la Administración andaluza tiene uno de sus ejemplos en Juan María González Mejías, que ha pasado por varios puestos de alta dirección con los gobiernos tanto de Chaves como de Griñán. Entre ellos, el sobrino del expresidente del Gobierno, Felipe González, ocupó el cargo de presidente y consejero delegado de Invercaria en 2010, tras sustituir a Tomás Pérez-Sauquillo.