Retrasar la jubilación inevitable

Muchos países han ampliado la edad legal de retiro de sus trabajadores, Francia el último. España deberá renovar su sistema de pensiones o, de lo contrario, perecerá

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MADRID- Si no se adoptan reformas con urgencia, mantener el sistema público de pensiones podría convertirse en una utopía en 2050. El progresivo envejecimiento de la población y una menor natalidad nos llevará dentro de 40 años a tener dos personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 años, mientras que en la actualidad esta proporción es de cuatro personas por una. Incluso con una tasa de empleo del 70%, más de diez puntos superior a la actual, ello significaría que habría 115 trabajadores por cada 100 jubilados, lo que implica una tasa de dependencia que duplicaría a la actual, según un informe realizado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Organismos públicos y privados (como la Comisión Europea o el Ministerio de Trabajo entre otros) coinciden en que, en ausencia de reformas, el gasto en pensiones prácticamente se duplicará en las próximas décadas, pasando del 8% del PIB actual a más del 15% en 2050. Algunos países europeos ya han empezado a hacer sus deberes para evitar problemas futuros. Es el caso de Hungría, República Checa, Grecia y Turquía, que han retrasado su edad de jubilación hasta los 65 años. Francia aprobó hace dos días retrasarla a los 62 años, lo que le ha costado un gran enfrentamiento con los sindicatos.

España también ha comenzado a hacer sus deberes. El 29 de enero de 2010 el Gobierno envió a la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso un documento sobre la reforma del sistema de pensiones en el que se hace un llamamiento para profundizar en las líneas de reforma acordadas en 1995 con el fin de garantizar «la sostenibilidad del sistema de pensiones en la primera mitad del siglo XXI». Ocho meses después la Comisión del Pacto de Toledo se encuentra inmersa en el análisis de un conjunto de 23 grandes recomendaciones que se aprobaron en 2003. La primera contempla el compromiso del Gobierno de revalorizar de forma automática las pensiones conforme a la inflación, algo que Rodríguez Zapatero ha incumplido con su decisión de congelarlas en 2011. Este asunto se convierte así en uno de los principales escollos en las negociaciones que mantienen los grupos políticos en el marco del Pacto de Toledo y que el Gobierno no está dispuesto a rectificar.


Primera huelga general
En el documento del 29 de enero, el Gobierno también contempló la posibilidad de ampliar la edad de jubilación desde los 65 años actuales hasta los 67 de forma progresiva. Esta propuesta junto a la reforma laboral le supuso a Zapatero su primera huelga general. Para el PP esta medida es innecesaria y en su opinión en este asunto se dará un fuerte desacuerdo entre los grupos que le llevará al PSOE a retirar finalmente su propuesta. El PP apuesta en este aspecto por acercar la edad real de jubilación (63 años) a la edad legal (65 años). Para el portavoz de este partido en la Comisión del Pacto de Toledo, Tomás Burgos, la prolongación de la vida laboral «debe ser voluntaria y fuertemente incentivada».

Sin embargo la portavoz del PSOE en esta Comisión, Isabel López y Chamosa se muestra convencida de que sobre este polémico asunto se alcanzará un consenso entre todos los grupos. Para algunos expertos el aumento de la esperanza de vida hace necesario que la vida laboral se prolongue si queremos disfrutar de unas pensiones similares a las actuales.

Otra de las recomendaciones a debate es el cómputo de la vida laboral a la hora de calcular las pensiones. Actualmente se toma como referencia los 15 últimos años de vida laboral, y sobre la mesa del Pacto de Toledo se ha debatido la posibilidad de ampliarlo a 20. Según el PP es al Gobierno a quien compete adoptar esta decisión y consensuarlo con los agentes sociales. También se ha abierto el debate de tomar como referencia toda la vida laboral (35 años). Para el portavoz del PP, Tomás Burgos, el sistema debe evolucionar de tal manera que la pensión refleje en mayor medida que hasta ahora el esfuerzo de cotización del trabajador. Para el PSOE es una medida injusta.