«Reformaremos el Estado»

Hace un año que el Partido Popular ganó las elecciones generales. Los españoles dejaron en las manos del Partido Popular la responsabilidad de conducir a España hacia la salida de la crisis, y le apoyaron con una mayoría absoluta.

Inmediatamente después de tomar posesión, emergieron los agujeros negros: una recesión sobrevenida y una creciente tasa de paro; el abultado déficit del sector público, que ahora conocemos que llegó al 9,4 por ciento del PIB; una brusca pérdida de recaudación derivada de la crisis y de un sistema tributario anquilosado; o miles de facturas no pagadas por diferentes administraciones, que han combatido la ausencia del crédito atenazando a sus proveedores.

Son síntomas de una enfermedad: el brusco desequilibrio de las finanzas públicas (durante la pasada legislatura, España fue uno de los países de la OCDE que más empeoró su saldo fiscal) y el excesivo endeudamiento privado, financiado en buena parte por el extranjero (la deuda externa neta a finales de 2011 superaba el 90 por ciento del PIB). El reto para el nuevo Gobierno ha sido superar estos desequilibrios macroeconómicos en un contexto hostil, donde persiste la fuerte pérdida de confianza de la crisis financiera.

Este primer año de legislatura lo hemos empleado en limpiar y sanear finanzas públicas, y en tomar las medidas necesarias para que tales desmanes no se repitan en el futuro.

Se ha partido de la reforma constitucional, pactada por los dos principales partidos políticos en 2011, y anclaje necesario para consolidar en el ordenamiento jurídico el principio de la estabilidad presupuestaria. Hemos sido pioneros en Europa. Nos hemos dotado de una nueva ley de estabilidad, con modernos mecanismos para el seguimiento, la supervisión y, en su caso, intervención en la gestión presupuestaria de todo el sector público, y que ha sido aprobada con el apoyo de los principales partidos políticos nacionalistas.

Tomando como punto de partida la Ley, se presentarán en breve al Parlamento las bases para la reforma institucional del Estado, un nuevo reparto de competencias entre las comunidades autónomas y los ayuntamientos que va a permitir alcanzar mejoras de eficiencia y acercar las decisiones de gestión de los servicios públicos al ciudadano. Se han aprobado, además, nuevos instrumentos para mejorar la transparencia y accesibilidad a la información del sector público, y para responsabilizar a los gestores que realizan una mala gestión presupuestaria. La función pública, que ha sufrido una importante parte del ajuste, se abrirá a partir del año que viene a un proceso de modernización de su carrera profesional, para mantener el incentivo a su excelencia en la gestión de los servicios públicos.

Durante este primer año, se ha completado la reforma del marco institucional del Estado con eficaces decisiones para la estabilización de las cuentas del sector público. Se está llevando a cabo un ordenado proceso de reforma, mediante el que se aborda conjuntamente el ajuste de los presupuestos y la solución a la acumulación de deuda comercial, que lastra el funcionamiento del sector privado y pone en riesgo la prestación de servicios públicos esenciales. A cambio del compromiso con la estabilidad presupuestaria, el Estado da solución al problema de las comunidades autónomas y ayuntamientos para acceder al crédito. El Plan de Pago a Proveedores, que ha inyectado 27.000 millones de euros, y el Fondo de Liquidez Autonómico para 2012, que está dotado con 18.000 millones de euros, son un aliciente para todas las administraciones que cumplen con las reglas de estabilidad presupuestaria, y han frenado el desplome de la demanda interna. El Estado, además, ha dado ejemplo de aplicación de medidas de reforma, con mejoras de eficiencia a través de la reforma de la estructura de la Administración y del sector público empresarial o la recientemente aprobada reforma del Parque Móvil, la fuerte reducción del gasto ministerial y la progresiva reforma de nuestro sistema tributario, que ha incrementado la carga fiscal para las rentas más altas, tanto de personas físicas como jurídicas, e incluye un proceso de regularización fiscal y el impulso a los instrumentos jurídicos de la lucha contra el fraude, con la aprobación de una nueva ley.

La contribución de nuestra sociedad para sentar las bases del equilibrio presupuestario está siendo mayúscula, como ahora empiezan a reconocer todos los organismos internacionales. Se está llevando a cabo un ajuste, en términos del esfuerzo fiscal primario, según los cálculos del Gobierno, equivalente a 3,5 puntos porcentuales del PIB en 2012. Este esfuerzo pone a la economía española en la senda de corrección del fuerte desequilibrio de la deuda externa y del déficit fiscal heredado, y ya se detectan los primeros resultados positivos con la rápida aparición del superávit por cuenta corriente de la balanza de pagos. Ya enderezamos el rumbo de nuestra economía en la segunda mitad de los años noventa, y somos capaces de volver a hacerlo.

Cuadrar las cuentas
Cristóbal Montoro es responsable de uno de los ministerios más comprometidos, el que porfía contra la crisis con una clara consigna: que cuadren las cuentas. Cuenta con una virtud, es tenaz, dicen que una rata de biblioteca, con la habilidad para diseccionar ingresos y gastos y lograr el deseado equilibrio.