Sorpresa en el CGPJ que pedirá a Exteriores un informe de idoneidad

MADRID- La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, que preside Carlos Dívar, es la que tiene en sus manos el futuro más inmediato del juez Garzón. Para que se le pueda conceder la situación de servicios especiales es imprescindible que se le otorgue el correspondiente plácet, el visto bueno a la solicitud de Garzón. Lo cierto es que la iniciativa del juez pilló a los vocales integrantes de la citada Comisión –Margarita Robles, Antonio Dorado, Manuel Almenar y Almudena Lastra– por sorpresa, al enterarse de ello a través del secretario general, Celso Rodríguez. Todos ellos habían celebrado una reunión preparatoria de los temas fijados en el orden del día, entre los que no figuraba la solicitud de Garzón. Fue posteriormente cuando el secretario general tuvo conocimiento oficial de que había entrado en el Consejo tal escrito, de lo que informó de forma inmediata a los vocales de la citada comisión. En un principio, según las fuentes consultadas, todo hace indicar que hoy no habrá una decisión final, sino que se dará curso a la petición al Ministerio de Asuntos Exteriores, para que éste se pronuncie sobre si observa algún impedimento o, por el contrario, entiende que Garzón reúne los requisitos de idoneidad necesarios. Esta solicitud de informe a Exteriores viene recogido en el propio artículo 351.b de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se establece que para la concesión de una situación en servicios especiales es necesaria la «previa declaración de interés por Exteriores». Y en cuanto al resultado final que se podría adoptar una vez disponga de ese dictamen, tampoco está nada claro. De hecho, hay vocales del Consejo que no están para nada por la labor de acceder a la petición de Garzón y evitarle el trago que supone una más que probable suspensión provisional. «Con tres querellas admitidas y a las puertas de la apertura de un juicio oral –lo que conlleva la inmediata suspensión– sería un escándalo» dar el visto bueno a esa solicitud, sostienen algunos consejeros. Una solicitud que, en ningún caso, se hubiese podido plantear de encontrarse en una situación de suspensión cautelar, ya que la concesión de situación de servicios especiales sólo se otorga a jueces y magistrados en servicio activo.