La Junta promete adelgazar aún más su estructura administrativa

Valladolid-El foco está puesto sobre las administraciones. Tras los diferentes anuncios de ajustes impositivos para la mayor parte de los contribuyentes y laborales para el personal que trabaja en la Función Pública, ahora se analiza con lupa los movimientos de los diferentes gobiernos.

Por este motivo, el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio De Santiago-Juárez, era rotundo al apuntar que «es prioritario para la Junta adelgazar la administración», a partir de las diferentes medidas encaminadas a la racionalización de recursos.
En este contexto, destacó que este proceder «no es algo que se haya hecho en el último momento, como algunos se empeñan en decir, porque llevamos más de dos años aplicando estas soluciones de ajuste de gasto».

Al respecto, recordó que Castilla y León cuenta en la actualidad con un sector público empresarial formado por 22 empresas, lo que demuestra, a su entender, un comportamiento diferente al de otras comunidades autónomas. Asimismo, remarcó que «seguramente ésta sea la comunidad autónoma que tiene un sector público más reducido por tamaño y volumen de toda España».

Así las cosas, destacó que ya se ha actuado sobre la estructura de la antigua Agencia de Desarrollo Económico y en otras empresas públicas del ramo de Fomento y Medio Ambiente.
De Santiago-Juárez aseguró que el paquete de normas aprobado el 29 de diciembre por el Gobierno Herrera, que incorpora varias tasas novedosas en Castilla y León, «no supone una subida de impuestos generalizada, porque no hemos tocado el tramo autonómico del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ni el de Sucesiones, por ejemplo».

Del mismo modo, el consejero portavoz justificó medidas como el «céntimo sanitario», porque «era la mejor salida posible, pensando en el interés general y para prestar con calidad los servicios esenciales» que actualmente competen a la Junta de Castilla y León, que, por otra parte, definió como «la razón de ser de las comunidades autónomas».

Y es que, según manifestó, «nada es gratis», si bien, uno de los retos de la administración regional es «dar respuesta a las necesidades actuales de los ciudadanos sin comprometer la que se pueda dar a las generaciones futuras».

El consejero anunció, tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la aprobación del proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, que iniciará el trámite parlamentario urgente, y que podría entrar en vigor el próximo 1 de marzo, cuando se harían efectivas medidas como la subida de los carburantes en 4,8 céntimos por cada litro repostado.
De Santiago-Juárez no descartó la posibilidad de que haya alguna variación el texto enviado a las Cortes, si bien, remarcó que «sería un fraude usurpar la función del parlamento» vaticinando cuáles, para después mostrarse confiado en conocer pronto la opinión de los tres grupos parlamentarios.

PSOE e IU se pronunciaban, a vuela pluma, sobre la celeridad imprimida al proyecto por parte de la Junta. El socialista José Francisco Martín calificó de «carrera de estupideces» el proceder de la Junta, al no haber presentado unos presupuestos, mientras que José María González ya avanzó la presentación de una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley.

Sanciones potentes al que incumpla
El portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, también se pronunció sobre la posibilidad de que el Gobierno exija responsabilidades a los gestores públicos que incumplan con sus obligaciones acerca del déficit. Y señaló directamente al anterior Gobierno de la nación, al que acusó de «engañar a sabiendas» a los ciudadanos. «Han pagado políticamente en las urnas», recalcó De Santiago-Juárez, quien no descartó, de la misma manera, responsabilidades «administrativas, penales o de otro tipo, según el asunto».