El Tribunal de Justicia de la UE ratifica la ilegalidad de las «vacaciones fiscales» vascas

Las «vacaciones fiscales», establecidas en 1993 por las tres Diputaciones vascas, consistían en la exención del Impuesto de Sociedades durante diez años para las empresas de nuevo cuño, con un capital mínimo de 102.202 euros, unas inversiones en activos fijos materiales por un mínimo de 480.810 euros y que se crearan al menos diez empleos. La Rioja denunció esta situación de privilegio ante la Comisión Europea en 1994. Dos años más tarde, la CE solicitó información sobre los beneficiarios de las medidas, aunque según el Ejecutivo europeo, no recibió una respuesta adecuada. En 2000, recibió una nueva denuncia por esta cuestión de una empresa establecida en Álava, y a finales de ese mismo año informó a las autoridades españolas de su decisión de abrir un procedimiento de investigación formal, que concluyó en diciembre de 2001. En esa fecha, el Ejecutivo comunitario declaró que las exenciones fiscales constituían ayudas estatales incompatibles con el mercado común.

Una vez conocida la sentencia, el Ejecutivo comunitario ya ha pedido al Tribunal de Luxemburgo que multe a España por no haber recuperado la totalidad de las ayudas, pese a que ya hay sentencias que confirman su ilegalidad. La multa ascenderá al menos a 40 millones de euros. A esta cifra hay que añadir 236.000 euros cada día que pase sin que España devuelva las subvenciones. Según las últimas estimaciones de Bruselas, el monto de las ayudas que deben recuperar las autoridades vascas es superior a 500 millones. La reacción del Gobierno a esta sentencia no se hizo ayer esperar. El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, defendió que esas ayudas se concedieron «de buena fe y con la mejor intención». No obstante, reconoció que ahora lo que importa es que el fallo es «inapelable» y que el Gobierno debe «evitar la multa consiguiendo que se devuelvan las ayudas que las «empresas recibieron incorrectamente». Pese a ello, pide comprensión a la UE.