Palomo reconoce que se saltó la ley para participar en varias empresas

Madrid- Llegó al juzgado tapando sus ojos con las manos para evitar que las cámaras le retratasen, entró en dependencias judiciales haciendo el signo de la victoria y defendió su inocencia: «No voy a dar explicaciones porque no he cometido irregularidades». Félix Palomo, liberado sindical de UGT desde hace diez años, acudió ayer a mediodía ante el juez. Mantiene un contencioso con la Comunidad de Madrid desde que la Dirección General de Función Pública –que se encarga de vigilar el trabajo de los funcionarios– le impusiera una sanción de dos meses de suspensión de empleo y sueldo y le trasladase de puesto de trabajo. Con estas dos decisiones el Ejecutivo regional saldaba un expediente contra el compañero sentimental de la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, en cuya trayectoria como personal laboral de la Consejería de Educación se apreciaron dos faltas «muy graves».

«Juzgado por pluriempleo»Ayer en el juzgado de lo social número 2 de Madrid no hubo acuerdo previo. Según ha podido saber LA RAZÓN, tras un acto de conciliación sin resultados, se celebró un juicio en el que el letrado de Palomo entregó como prueba el artículo sobre su defendido que se publicó ayer en este diario con el título «Palomo, juzgado por su pluriempleo». El abogado –que no es del bufete de UGT sino «privado», del despacho Carranza Abogados– alegó ante el magistrado que se trataba de una causa política y no meramente laboral.El liberado sindical firmó el 9 de mayo del año 2000 un documento en el que declaraba «no estar afectado por incompatibilidad» como acto previo para pasar a formar parte del colectivo de liberados con los que cuenta UGT en la administración de la Comunidad de Madrid. A pesar de ésto, y de que su empleo se desarrollaba en la Dirección de Vivienda Joven, dependiente de la Consejería de Educación, el empleado público ha constituido en estos años varias cooperativas y fundado empresas cuyo objeto social, en tres de los casos, está relacionado con el urbanismo. Tenía que haber notificado sus segundas actividades pero nunca lo hizo a pesar de estar obligado por su situación como liberado sindical.Desde la Dirección General de la Función Pública se agarraron a estos hechos para sacar a Palomo de este puesto e incorporarle a partir del pasado 1 de noviembre en otro, esta vez de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. A juicio de los inspectores que se encargaron de su expediente, el funcionario había incurrido en una falta de incompatibilidad laboral, tipificada en el reglamento que rige el empleo público en la Comunidad como «muy grave».En su comparecencia ante el juez, Palomo confirmó que ha mantenido una actividad laboral paralela a la pública en hasta cuatro sociedades privadas, y que dos de ellas fueron cooperativas de vivienda pública promovidas por su sindicato, UGT. Ahora su defensa se escuda en defectos de forma. Asegura que la denuncia e investigación de estas actividades al margen de su puesto como empleado público habrían prescrito en la actualidad.Este defecto de forma podría salvar al sindicalista que quiere anular las dos sanciones que le impuso la Comunidad de Madrid objetando que en su caso se han vulnerado los derechos fundamentales, un supuesto que ya ha rechazado el magistrado.En un plazo de dos a tres semanas el juzgado emitirá su resolución. Mientras tanto, el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, volvió a recordar ayer en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno que este tema «es lo suficientemente grave y evidente como para que esa situación no se pueda consentir» y añadió que Palomo utilizaba su tiempo como liberado para la «promoción del ladrillo en cooperativas».