Nuevo golpe judicial a IU: deberá readmitir a otros dos despedidos

SEVILLA- Once de once. Ésos son los pleitos perdidos por IU tras la particular «limpieza» ordenada por el primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos, en la empresa pública Sevilla Global. Cada nueva resolución ha supuesto un varapalo para los intereses del Ayuntamiento, que ya ha sido obligado a readmitir a once empleados despedidos indebidamente tras la dimisión del anterior delegado de Economía, Jon Ander Sánchez.
En el último fallo, al que ha tenido acceso LA RAZÓN de Sevilla, el juzgado de lo Social número 9 estima «parcialmente» la demanda presentada por los exresponsables de Comunicación y Formación de la sociedad municipal, declarando los despidos «improcedentes». La sentencia condena a la empresa a que «los readmita en el plazo de cinco días desde la notificación –realizada el jueves–», excepto si los interesados optan por la indemnización. En el caso de Antonio Mejías, exjefe de Comunicación, fija la cantidad en 7.767 euros, «más los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido», el 20 de noviembre de 2009. A la exresponsable de Formación Alicia Alvarado le corresponderían 10.926 euros, así como el sueldo desde que fuera cesada, tres días después que su compañero.
Fuentes cercanas a los demandantes aclararon que, aunque estos dos casos no se han declarado nulos, «las consecuencias a efectos prácticos son las mismas» al reconocer que «la opción entre readmisión e indemnización corresponde exclusivamente a los trabajadores».
Sobre el resto de los «represaliados», IU ya anunció que recurriría cada una de las sentencias. Ocho de los trabajadores de los talleres prelaborales se encuentran aguardando ese paso, después de que un juez determinara como «nulos» sus despidos.
Esta nueva sentencia corrobora la tesis de que la «purga» promovida por Antonio Rodrigo Torrijos y el delegado de Economía, Carlos Vázquez, partía únicamente de motivaciones políticas. El conflicto parte del enfrentamiento con el predecesor de Vázquez, Jon Ander Sánchez, a cuyo cese siguieron el del entonces gerente de Sevilla Global, José Ramírez, y el responsable administrativo, Alberto Ramírez. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya falló a favor de éste último, que fue readmitido pero apartado de su cargo. El Alto tribunal consideró probado que a Ramírez «se le despide (junto a los dos compañeros que podrán recuperar ahora su puesto) al no acatar una consigna política, laboralmente ilegítima e ilícita, y así poder ser sustituido por una persona políticamente afín para que la cumpla», calificando Sevilla Global como una «oficina de colocación de afines». Esta sentencia del TSJA aludía también en idénticos términos a los casos de Mejías y Fernández, pese a que no estaban siendo juzgados.