El Gobierno aplaza o suspende 231 contratos de obras por 9626 millones

Fomento soportará el mayor peso de los recortes decididos por el Gabinete de Zapatero hasta 2013, con el objetivo de situar en ese ejercicio el déficit público en el 3% del PIB. Concretamente, de los 1.116 contratos en obra nueva en infraestructuras por valor de 33.126 millones, 231 con una inversión de 9.626 millones de euros sufrirán una demora de entre uno y cuatro años o directamente se suspederán. De los 231 contratos, 32 se cancelarán y de éstos 12 se contratarán de nuevo mediante la colaboración público-privada y dos se licitarán con cargo al presupuesto ordinario. Por tanto, 18 serán los que se suspendan definitivamente con una inversión prevista de 838 millones. Las autonomías que no padecerán los rigores de estas cancelaciones definitivas serán Valencia, Navarra, La Rioja, Castilla-La Mancha, Galicia, Baleares, Canarias y País Vasco. Mientras, Cataluña será una de las autonomías menos perjudicadas por estos recortes, con una suspensión real de tres obras por unos 30 millones y la adjudicación de dos a través de nueva licitación de colaboración público-privada (CPP). Además, el ministro aclaró ayer, en respuesta a CiU, la voluntad del Gobierno de cumplir la disposición adicional tercera del Estatut, relativa a las inversiones en infraestructuras, y, por ende, a activar los mecanismos de compensación necesarios para cumplir con el texto estatutario. Pese a ello, el Gobierno catalán lamentó este recorte, al igual que hicieron todas las autonomías.Este frenazo en la inversión en infraestructura penalizará gravemente el empleo, tal y como admitió el propio Blanco en su comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados. Aunque rehusó dar cifras sobre la destrucción de puestos al calor del recorte del déficit público, la patronal del sector y los sindicatos calcularon una pérdida directa e indirecta de empleos de unos 115.000. En este escenario poco halagüeño, recomendó a las empresas afectadas volcarse en el exterior, en países que cuentan con una red de infraestructuras desarrolladas, pero también en los emergentes. Además, defendió ante sus señorías un pacto sobre un sistema de financiación que garantice los principios de la UE: «El que usa paga» y «el que contamina paga». Y anunció que el 30 de noviembre próximo llevará al Consejo de Ministros la supresión de las líneas ferroviarias menos usadas. Concretamente, presentará en esa jornada la relación de servicios ferroviarios de transporte de viajeros, así como tramos y frecuencias, que serán garantizados mediante la declaración de obligaciones de servicio público. Dos meses antes, en la primera quincena de septiembre, celebrará la Conferencia Sectorial para definir el Plan Estratégico del Transporte Ferroviario de Mercancías en España.