La ciudad de «Merkozy»

La detestada «crisis económica», ese concepto del que muchos se declaran hartos pero que es protagonista inevitable de las conversaciones cotidianas, ha abierto en los últimos meses duros interrogantes sobre realidades que hasta ahora apenas se ponían en duda. ¿Para qué sirve Europa? ¿Conseguirán las instituciones europeas sacarnos de nuestras ruinas personales? Una visita a la ciudad de Estrasburgo, situada entre Francia y Alemania, los dos países al timón, ofrece algunas respuestas. Aquí se encuentran el Consejo de Europa, con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como órgano emblemático de esta organización paneuropea de 47 Estados miembros, y el Parlamento Europeo de los Veintisiete. Este idílico lugar de calles empedradas, puentes y canales alberga otras 20 instituciones europeas y 47 embajadas. Un «Merkozy» con catedral del siglo XIII en el que la lengua alemana y francesa conviven amablemente. Un oasis económico del que manan las esperanzas de muchos. Su ubicación estratégica le permite estar a dos horas y cuarto de París. La distancia con otras grandes ciudades europeas es mínima: a 353 kilómetros de Bruselas, 150 de Luxemburgo, 181 de Frankfurt, 146 de Zúrich y 108 de Stuttgart.

Las máquinas del proyecto europeo común trabajan a máxima intensidad estas semanas. Los hemiciclos se ponen a punto. Los despachos reciben con presión histórica el 2012. La salida de la crisis europea depende, en parte, de los compromisos que se lleven a cabo en estos despachos, de los proyectos consensuados que salgan (si salen) de estas sedes inmaculadas.

El magistrado español, Luis Jimena, preside el Comité Europeo de Derechos Sociales desde hace tres años. Su despacho se encuentra en la sede del Consejo de Europa, cuyo edificio principal, de fachadas inclinadas, fue diseñado por Henry Bernard en 1976. Frente a la escalinata ondean las banderas europeas y, en su interior, un gigante hemiciclo de madera acoge a los representantes de los 47 países miembros en sus reuniones periódicas.

«No sabemos qué exigir»
Jimena trabaja para solventar lo que, a su juicio, es el problema clave: la ignorancia sobre los derechos humanos. «Falta mucha cultura. No sabemos qué se puede exigir y, por eso, no exigimos», afirma. Lo tiene claro. «Necesitamos una Europa más unida consciente de sus derechos y obligaciones», insiste el juez, que es también catedrático de Derecho constitucional en la Universidad de Valencia. «Las decisiones macroeconómicas como la emisión de deuda pública, la reducción del déficit de cada país o la subida de impuestos son necesarias... Muchas de estas medidas se están tomando por la presión de Francia y Alemania», explica, «pero también debemos preocuparnos, sobre todo, por la situación individual de cada ciudadano y sus derechos particulares, que corren peligro por la crisis».

El comité que preside Jimena, que es la máxima instancia europea de protección de los derechos sociales, reúne todos los supuestos en los que organizaciones no gubernamentales, sindicatos y organizaciones de empresarios pueden formular denuncias por vulneración de los derechos consagrados en la Carta Social Europea (no sólo laborales, sino también protección de personas con discapacidad, personas mayores y otras situaciones vulnerables). Esa posibilidad se articula a través del protocolo de reclamaciones colectivas de 1995, firmado durante el segundo mandato por el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, en 2000, pero aún no ratificado por el Parlamento español. «La reducción de salarios, por ejemplo, atenta en muchos casos contra la dignidad de las personas porque ese sueldo es su sustento básico o porque no tienen acceso a la sanidad. Habría que establecer prioridades y exigir responsabilidades. Si hace falta dinero, como así ocurre, es razonable subir impuestos, como se está haciendo, o emitir deuda pública, pero no atentar contra los ciudadanos en sus derechos. El establecer o subir impuestos, así como el emitir deuda pública, son los dos mecanismos ordinarios para obtener ingresos, siendo más controvertido el acudir a reducción de salarios».

Otro ejemplo citado por el juez es el subsidio de 400 euros por desempleo. «Nos lo venden como si fuera un regalo cuando es un derecho establecido en la Carta Social Europea como parte del derecho a la asistencia social o a recursos mínimos garantizados», añade. «En Bulgaria, por ejemplo, se decidió suprimirlo y el comité declaró la vulneración del artículo 13 de la Carta Social, también aceptado por España, en el que se prohíbe medidas de tal índole atentatorias contra la dignidad humana. Poco después, Bulgaria se vio compelida a reintroducir esa prestación por desempleo».

Señala precisamente como una de esas asignaturas pendientes el «que España acepte la Carta Social Europea revisada de 1996, configurada como pacto europeo de democracia social por excelencia, la cual permitiría dinamizar la protección de los derechos sociales en el ámbito autonómico y, al tiempo, reforzar la competencia del Estado para asegurar condiciones de igualdad básica en todo el territorio español». Jimena insiste en la falta de reconocimiento de las responsabilidades de gobiernos, empresas y estados. Desde Estrasburgo se afana, en ese comité compuesto por quince miembros, por revertir esa situación. Hace hincapié en un fallo que aún persiste: «Tenemos una Europa a varias velocidades tanto en materia económica como social. Debemos trabajar en ello».

Derechos Humanos
Y frente al Consejo, al otro lado del río, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Kristina Pencheva-Malinowski, su «press officer», está convencida del trabajo efectivo de las instituciones de Estrasburgo. La suya, en concreto, vela porque la Ley «no sea selectiva», sino para todos. El Tribunal cubre no sólo a los 27 países miembros de la Unión sino a «paneuropa», como ella lo define, que incluye 47 países, entre ellos Armenia, Islandia o Rusia. «Los ciudadanos, a título individual, pueden demandar a sus propios estados cuando consideran que se ha violado la Convención europea», cuenta Pencheva-Malinowski, que suma 3 años en el cargo.

Su despacho se encuentra en la propia corte. El tranvía para justo enfrente, en la parada, anunciada por la voz de un niño, «droits de l'homme» (derechos humanos en francés). Su arquitectura es de formas redondas. Richard Rogers & Partners le dieron la forma de un buque amarrado a orillas del río Ill. Desde allí, la periodista enumera las funciones del organismo: marcar las reglas esenciales de respeto a la Ley, supervisar que los países las cumplan, asistir a los estados miembros para que puedan cumplirlas. «Se trata de que cuando los gobiernos europeos no cumplen su función, el ciudadano, tras agotar los requerimientos locales y estatales, pueda solicitar una revisión del caso».

150.000 demandas
El año pasado se estudiaron 46.000 demandas, de las 150.000 pendientes. Los jueces deciden si se ha violado alguno de los artículos: derecho a la vida; prohibición de la tortura; de la esclavitud; derecho a la libertad y a la seguridad; respeto a la vida privada; libertad de expresión, entre otros. «Cuando se constata una infracción, la Corte dicta una sentencia y el país afectado tiene la obligación de ejecutarla. Es una protección por encima de los países. Estrasburgo no es sólo una sede de instituciones. Estamos aquí para ayudar a la democracia y al respeto a las normas democráticas».

A pocos metros, el Parlamento Europeo, de 1998, con moderno diseño acristalado, tiene la forma de un ala delta al borde del agua. El organismo ha visto reforzado sus poderes legislativos desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en diciembre de 2009. El Parlamento fue creado en 1951 como órgano de carácter consultivo pero ahora tiene poder ejecutorio (leyes con fuerza vinculante). Un triángulo de poder inmenso a las afueras de una ciudad. Tres emblemas de una lucha por los derechos de todos. Un proyecto común que intenta no naufragar. Una esperanza frente al abismo económico y social.

Trabajar donde se toman decisiones
K. Pencheva-Malinowski
Búlgara. «Press officer» del Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde hace 3 años. En la sede se dirimen las demandas de los individuos contra los estados.

Luis Jimena
El español Luis Jimena es el presidente del Comité Europeo de Derechos Sociales desde hace tres años. Su misión es velar por el cumplimiento de la Carta Social Europea (1961, revisada en 1996).

Celice Coyez
Francesa, de 30 años, es trabajadora en el Parlamento Europeo desde hace un mes. Se encarga de las visitas a esta institución a la que cada día llega a la ciudad un grupo reducido de 17 personas.


La otra capital de europa
El primer documento que menciona la ciudad es del año 12 antes de Cristo. En el 842, Carlos el Calvo firmó una alianza con su hermano Luis el Germánico para vencer a otro hermano que luchaba por el reino. Fue uno de los primeros documentos escritos en francés y alemán. La plaza Broglie, con el Ayuntamiento (1736) y la fachada del teatro (1821) está rodeada de calles comerciales. El edificio de la Maison Kammerzell, cerca de la catedral, fue construido en 1467. El siglo XVIII marca el inicio de la influencia francesa, al anexionarse al territorio galo. Entonces comienzan a desarrollarse grandes obras para romper con la tradición germánica. Ejemplo claro del estilo francés es el Hotel de Klinglin o la rue Brûlée. Este estilo se combina en ocasiones con rococó. Tras los bombardeos de 1870, se pasó a una reconstrucción que desbordó las murallas medievales. Las guerras mundiales destrozaron otras zonas y la ciudad se fue abriendo a innovaciones. Estrasburgo pasó a ser una ciudad europea en 1949.