Vuelve el fiscal «anti-PP»

La de ayer fue sólo la última de una larga lista de casos de «acoso» contra los populares, según han denunciado éstos en varias ocasiones, incluso ante la Fiscalía General del Estado. Sólo así, afirman, se entiende que Esteban haya solicitado el archivo de la denuncia de la Comunidad de Madrid por amenazas contra Vicente Rodríguez (líder sindical del Metro de Madrid que en la huelga ilegal de junio afirmó «vamos a reventar Madrid), tal y como informó ayer LA RAZÓN.

El ex portavoz de la Unión Progresista de Fiscales se ganó el título de «fiscal anti-PP» en Génova cuando afirmó que podría adherirse a alguno de los recursos del llamado «caso de los Espías» que presentaran las partes para impugnar la decisión acordada por la jueza Carmen Valcarce, que archivó el pasado mes de julio la causa que investigaba si la Comunidad de Madrid había ordenado espiar a cargos públicos del PP.

El fiscal provincial fue también quien abrió diligencias en el mes de marzo para determinar si la Comunidad incurrió en responsabilidades penales o administrativas por el estado de la carretera M-607, tras varios accidentes en una de sus curvas. Se trataba de la primera vez que la Fiscalía investigaba un «punto negro».

Bajo la Dirección de Esteban de la Fiscalía Provincial también se pidió el archivo del «caso Cuadrifolio» por el que está imputado por prevaricación el diputado del PSM y ex alcalde de Leganés, José Luis Pérez Ráez; un caso que el TSJM ha decidido reabrir recientemente y solicitar apertura de juicio oral. La Fiscalía de Eduardo Esteban también solicitó el archivo del conocido como «caso Pinto», por el que estaba imputado por corrupción el alcalde de la localidad, Juan José Martín (PSOE); sin embargo ha instado que se siga analizando la gestión de la ex alcaldesa del PP, Miriam Rabaneda, por una denuncia interpuesta por el PSOE, a pesar de que un juez ha dicho que no ha cometido delito.

Este mismo fiscal fue además quién declaró que la tutela de la libertad vigilada de «El Rafita» era la responsabilidad de la Comunidad de Madrid (condenado por el asesinato de Sandra Palo), cuando luego se determinó que era competencia de Instituciones Penitenciarias.