y el despilfarro autonómico

El Gobierno se sentará con las autonomías este mes, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), para analizar la situación contable de las comunidades y sus necesidades de liquidez a las puertas de una recesión económica. En esta reunión, aún por fijar en el calendario, el Ejecutivo demandará a los gobiernos regionales el cumplimiento del acuerdo alcanzado por el Consejo Fiscal en 2010 para reducir el número de entidades públicas en 515. Un año después, este pacto adquirido por las autonomías ha quedado en papel mojado con un recorte de tan sólo 70 entidades, el 13% del total comprometido. Por eso ahora, con un déficit público del 8% del PIB, Cristóbal Montoro les solicitará que cumplan lo acordado en 2010. Así lo aseguró ayer la vicepresidenta al término del Consejo de Ministros, en el que el titular de Hacienda presentó un informe sobre el sector público empresarial. Montoro elaborará una «hoja de ruta» para redimensionar las más de 4.000 entidades públicas del Estado, de las autonomías y de los ayuntamientos. Para ello, ha solicitado a los distintos Ministerios informes exhaustivos sobre sus respectivas empresas, fundaciones y consorcios, en los que deberá figura detalladamente su situación patrimonial. Con estos informes, el Gobierno optará en unos casos por fusiones y en otros por la enajenación. Además de la reordenación del sector público tendente a reducir el déficit, el CPFF de enero explorará también un acuerdo sobre la ley de estabilidad presupuestaria, que deberá estar lista en marzo próximo en cumplimiento del mandato constitucional, tras la reforma de la Carta Magna. Esta norma fijará el techo de gasto y de endeudamiento de las autonomías, los procedimientos para el cumplimiento de la ley y las responsabilidades de las Administraciones en caso de incumplimiento de la misma. Para garantizar su cumplimiento, el Gobierno realizará un control previo de los presupuestos autonómicos. Soraya Sáenz de Santamaría reiteró ayer que el control del déficit público es prioritario no sólo para crear empleo, sino también para cumplir nuestros compromisos con la UE. Tras recordar que todas las Administraciones tienen su responsabilidad en este compromiso, aseguró que el Estado tiene un plus en ese control, al ser responsable a la hora de dar la cara ante Bruselas.

Cataluña se rebela contra De Guindos
Cataluña ha sido la comunidad más reacia a que el Gobierno haga un control previo de los presupuestos autonómicos, una medida que considera «intolerable», y sólo las regiones gobernadas por el PP, que son la mayoría, aceptan con pocas quejas esta posibilidad. El portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs, expresó ayer su rechazo a la medida, la cual tachó de «inaceptable», ya que, en su opinión, supondría «cargarse la autonomía financiera» de la comunidad. El Govern no está solo en esta cuestión, y el PSC ha anunciado que cierra filas con la Generalitat frente a la «censura previa» que pretende ejecutar el Ejecutivo.

Valencia toma medidas urgentes
El Gobierno valenciano aprobó ayer un decreto ley de medidas urgentes para la reducción del déficit con el que pretende ahorrar 1.057 millones de euros. Para ello, subirá impuestos, reducirá sus empresas públicas y establecerá medidas de racionalización del gasto sanitario, entre otras. Junto a esto, los consejeros y altos cargos se bajarán el sueldo en la medida en que suba el déficit. Así lo explicó en la rueda de prensa posterior al pleno del Consejo valenciano el vicepresidente y portavoz de la Generalitat, José Císcar, y los consejeros de Hacienda, José Manuel Vela, y de Economía, Enrique Verdeguer, quienes hicieron hincapié en la necesidad de estas medidas dada la situación económica actual. Asimismo, Císcar recalcó que la Generalitat ha preferido hacer «sacrificios parciales a despidos masivos».