Garzón ordenó a la Policía grabar a los acusados de «Gürtel»

MADRID- Una de las pruebas de la defensa aceptadas el martes por la Sala del Tribunal Supremo que juzga a Baltasar Garzón fue la declaración del funcionario Vicente Maroto, al que el juez encargó la tramitación del «caso Gürtel». Sin embargo, su testimonio arrojó quizá más sombras que luces para sus intereses. Y ello porque dejó bien a las claras que en la decisión de expurgar de las conversaciones grabadas en prisión a los principales imputados de la causa –Correa, Crespo y Antoine Sánchez– con sus abogados tuvo un papel más que relevante la Fiscalía, al igual que con la resolución en la que se acordaba esas intervenciones.

El funcionario, que describió al juez y a las fiscales como «obsesionados con el derecho de defensa», relató con sencillez lo que sucedió el 27 de marzo de 2009, cuando el juez dictó el auto por el que acordaba excluir de esas grabaciones todo aquello que afectase al citado derecho fundamental, a la estrategia de los abogados. Todo ello antes de que la causa la asumiese el TSJ de Madrid.

Maroto señaló que él no tenía competencias para decidir qué se excluía y qué no, por lo que acudió a la secretaria judicial, la cual tampoco asumió esa responsabilidad, ordenándole que fuese nuevamente al despacho del juez. Así lo hizo. «Volví y me dijo –Garzón–: sigue trabajando, que ahora va a ir una de las fiscales a decirte lo que hay que quitar». Después, a preguntas del abogado de la acusación José Antonio Choclán matizó su declaración. «Supongo que ellos –el juez y la fiscal– hablaron del tema».

En cuanto al auto de intervención de las comunicaciones entre los presos y los abogados, el funcionario también relató la intervención de la fiscal. Inmediatamente antes de esa resolución, oyó a la fiscal decir «Baltasar, Baltasar, hay que hacer algo con las visitas a la cárcel» que recibían Correa, Crespo y Sánchez. Y es que Maroto aseguró que antes de oír ese comentario de la representante de Anticorrupción «nunca» escuchó «a don Baltasar hablar de esa cuestión».

Antes declararon otros cuatro testigos. El primero fue el propio querellante, el abogado Ignacio Peláez, citado por la defensa de Garzón. Despojado también de su toga, señaló que tuvo conocimiento de que se le grabó en prisión cuando se levantó el secreto de la causa. De hecho, añadió que la UDEF elaboró un informe donde se abordaba la estrategia de defensa que iba a mantener su cliente, José Luis Ulibarri. Ese informe estuvo a disposición del juez y de la Fiscalía antes de la declaración.

Posteriormente, les tocó el turno al inspector y al comisario jefe de la UDEF. Los dos coincidieron en que se limitaron a cumplir el mandato de Garzón y que lo que afectaba a la cláusula de «preservando el derecho de defensa» era algo que quedaba en manos del juez. El primero declaró que la orden de Garzón era grabar, oír y transcribir las conversaciones y que sería el juez quien «asumiría» y resolvería lo que afectaba o no a ese derecho. El comisario fue más explícito . «Me dio –Garzón– una explicación que me quedé igual. Nos dijo que transcribiéramos todas las grabaciones y que él iba a decidir lo que era derecho de defensa y lo que no». También declaró que Correa sabía «perfectamente» que se le iban a grabar sus conversaciones porque «cree» que se lo dijo un preso.

El juicio quedará hoy visto para sentencia. Las acusaciones mantuvieron sus peticiones iniciales, que oscilan entre los 10 y los 17 años de inhabilitación para Garzón, mientras que la Fiscalía pidió la absolución «con todos los pronunciamientos favorables».

El policía de los informes, contra Camps y amigo del sastre
El agente de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales que redactó los informes sobre los que se basa la imputación del ex presidente de la Generalitat, Francisco Camps, declaró ayer en el juicio contra Garzón. También lo hizo en el «caso de los trajes», en el que reconoció que no comprobó la existencia de los regalos que atribuyen a Camps procedentes de la «Gürtel». La defensa de Camps desveló que trabaja en la misma comisaría que la mujer del sastre, José Tomás. Éste se dirige a él por su nombre mientras le toma declaración y le llama a su móvil para decirle que quiere cambiar su versión y decir ahora que Camps no pagó sus trajes, a pesar de que lo negó en sus declaraciones anteriores. Este cambio de opinión coincide con el despido de Tomás de Forever Young.