El supuesto escándalo por José Miguel Serrano

Sorprendería al incauto el hipócrita escándalo que se ha producido por las afirmaciones de Ruiz-Gallardón de la vinculación entre aborto provocado y violencia estructural contra las mujeres. Desde que las encuestas estadounidenses empezaron a mostrar que las jóvenes de entre 18 y 21 años consideraban que el aborto es una cuestión de derecho a la vida y no de derechos de la mujer, a la inversa que sus madres, parte del mito abortista se estaba desmoronando. Pero la historia venía de lejos; Anne Farmer probó en su insustituible «By theirs facts» la implicación eugenista, de clase alta, en la imposición del aborto en los programas laboristas británicos y más recientemente la «Janet Roe» de Roe versus Wade (caso que abrió el camino al aborto generalizado en EE UU) y el propio Nathanson, campañista abortista pasado al campo provida, describieron que es lo que se ocultaba tras el movimiento «liberador» del aborto generalizado. No necesitamos, sin embargo, lecciones del extranjero, aquí tenemos la Ley Aído, tramitada con celeridad cuando las televisiones extranjeras mostraron algunas de las aristas del inmenso negocio del aborto. Próximamente en el caso Morin veremos al menos la vinculación estricta entre dramas personales en torno al aborto y el negocio millonario en el que se han situado los liberadores de diverso pelaje, normalmente encubiertos bajo la máscara progresista. Temiendo un proceso similar al que está ocurriendo en los países que han sufrido más tiempo el aborto promocionado e indicado, la izquierda que actúa como portavoz del «lobby» millonario del aborto quiere ahora hacer frente con su griterío a las normas que se preparan para la protección de la maternidad. Su lema parece ser «que no se nos escape ninguna»; ninguna subvención en primer lugar, pero ninguna mujer en segundo. No debe temer el Gobierno en este punto el cumplir con su deber, la sustitución de la ley redactada al dictado de los centros de aborto sólo va a inquietar a ese siniestro «lobby».

José Miguel Serrano
Profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense