La Junta conoció que había intrusos un año antes: «Mejor que no lo sepas»

Sevilla- La idea extendida por la Junta de Andalucía de que el ex director general de Trabajo y Seguridad social, Francisco Javier Guerrero, encarcelado por la juez Mercedes Alaya, era un verso suelto dentro de la ejemplar organización de la Consejería de Empleo se desmorona a pasos agigantados. Respaldada o no, de lo que caben pocas dudas es de que su gestión era conocida y que las presuntas irregularidades cometidas se conocieron mucho antes de que saltara el escándalo en los medios de comunicación, pero en lugar de denunciarlo el Gobierno andaluz prefirió ocultarlo. El primer intruso se conoció públicamente en el ERE de Mercasevilla el 17 de noviembre de 2010 y a raíz de los tres procesos judiciales abiertos en el mercado de abastos sevillano. Sin embargo, ya en septiembre de 2009, en Empleo conocían la presencia de personas beneficiarias de pólizas de rentas a título individual y no sólo no se actuó, sino que se tapó el escándalo.
La asesora de Empleo María José Rofa, en su declaración ante los agentes de la Guardia Civil, relata que con motivo de la quiebra de la mutua catalana Fortia Vida y tras varias reuniones con el consorcio de Compensación de Seguros descubrieron que la deuda de la Junta de Andalucía con la compañía era mayor de la prevista. Iniciado el proceso de revisión de las pólizas, repararon que la Administración regional figuraba como tomadora de varias de ellas suscritas en época de Guerrero. Según detalló a los agentes de la UCO, «los datos de los interesados los investigó Ramón Díaz», también asesor de la Dirección General. «Surgió sospecha de que había abusos en la concesión de ciertas ayudas», apuntó. Entre los beneficiarios, una compañera reconoció al ex alcalde socialista de El Pedroso, Rafael Rosendo. Cuando ella se interesó por el resto, la respuesta de Díaz fue rotunda: «Mejor que no lo sepas», sentenció, según su testimonio.
Díaz abandonó más tarde la Consejería de Empleo y se marchó a la Diputación Provincial de Sevilla. Lejos de separarlo de la primera línea, el PSOE lo hizo diputado autonómico en febrero de 2011, meses más tarde de que trascendiera el escándalo. De momento, no está imputado por la instructora del caso. Antes de dejar la Junta, participó activamente junto a Antonio Rivas, ex delegado provincial de Empleo en Sevilla, en meter a un ex alto cargo de manera irregular en un ERE, según la declaración de María José Rofa. Era el caso de Juan Rodríguez Cordobés, ex delegado provincial de Asuntos Sociales: «Pobre hombre, está enfermo y se ha quedado con casi nada», eran los argumentos que ambos dirigentes le expusieron al ex director general de Trabajo y Seguridad Social, Juan Márquez, el sustituto de Francisco Javier Guerrero. Pese a sus reticencias iniciales, acabó entrando en ese expediente.
Las palabras de Rofa también comprometen al actual director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, que sí está imputado por la juez Mercedes Alaya por autorizar pagos presuntamente ilegales. En el ERE de Calderinox, en el que se colaron dos intrusos, señala que Rivera le pidió la inclusión «a finales de octubre/noviembre de 2010» de una persona por presiones de «Manolo Jiménez de UGT» –Enrique Manuel Jiménez es de CC OO y está imputado por presionar para que un trabajador ajeno a Calderinox, Antonio Fernández Garzón, se beneficiara de ese ERE–. En concreto, señala que le ordenó verificar si estaba «en el listado de trabajadores de los que tenía en el expedient». «Ve los datos y se los pasas a José González Mata –un intermediario, imputado– para que haga cálculo actuarial».
También son llamativas las «presiones innumerables de compañeros, directivos y jefes inmediatos» que asegura que ha sufrido por los actuales responsables de Empleo. En este sentido, apunta que junto a Manuel Blanco –alto cargo de la Agencia IDEA acusado por la Junta de sustraer información de los ERE y que ahora dirige la empresa Mercasevilla nombrado por el Ayuntamiento de la capital andaluza– investigó la problemática de los expedientes de regulación de empleo en los archivos antiguos del organismo público para responder a una pregunta parlamentaria del PP. La versión final de la respuesta «la gestionó el director general, Daniel Rivera».