Medrano se sentará en el banquillo por «vetar» a Foxá

La Sección Cuarta coincide con el juzgado de Instrucción 6 en que la autorización del acto se revocó «por motivos políticos» y apunta a que pudo tener «carácter arbitrario e injusto» –asegura que se canceló «sin motivación alguna»–. El auto, emitido el pasado día 1, duda de las razones esgrimidas por la concejal de IU porque la supuesta amenaza de disturbios «no resulta en principio causa suficiente» para el veto. La Audiencia recuerda, además, que el acto finalmente se celebró pero en los exteriores del centro cívico Tejar del Mellizo, «sin que conste que se produjeran problemas de orden público». En cualquier caso, cuestiona la decisión porque, defiende, el riesgo se habría solucionado recurriendo «a vigilancia policial, como es habitual hacer en la celebración de cualquier tipo de acontecimientos públicos culturales, deportivos, artísticos, etc.».

La Audiencia desarma cada uno de los argumentos de Medrano y considera probado que «existen indicios racionales suficientes» de que los hechos que se le imputan «podrían considerarse constitutivos de delito». Todo ello le lleva a «desestimar íntegramente» el recurso e insta a «continuar las actuaciones contra el imputado» con la apertura de juicio oral.
Medrano, que tuvo que abonar una fianza de 22.000 euros, se enfrenta a siete años de inhabilitación para empleo o cargo público por un presunto delito de prevaricación. En su escrito de apelación negaba que hubiera revocado la autorización a las asociaciones Fernando III y Ademán porque «simplemente se limitó a denegar la utilización del espacio solicitado en el centro cívico». Basándose en esa premisa, rechazaba las motivaciones políticas que se le atribuyen porque «desconocía que el acto se tratara de un homenaje literario», además de incidir en que «finalmente» se celebró en los exteriores del Tejar del Mellizo.

La delegada de Participación Ciudadana también solicitaba la exclusión de la asociación Ademán como acusación particular, petición también denegada al ser, según la Audiencia, uno de los convocantes.

La Fiscalía pide para la edil de IU siete años de inhabilitación para empleo o cargo público por un presunto delito de prevaricación ya que «tenía conocimiento de la legalidad de la autorización ya concedida –otorgada por la directora del centro cívico, que fue destituida–, y dada la ideología ligada a la Falange y al franquismo del escritor».

Las acusaciones particulares, la asociación cultural Fernando III y Ademán, solicitaron además de la inhabilitación por prevaricar, dos años de cárcel y una multa de 24 meses; inhabilitación por tres años por el delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas; y el pago de una indemnización de entre 300 y 3.000 euros por daños morales. Fuentes cercanas a los demandantes detallaron que el juicio, previsiblemente, no podrá celebrarse antes de las elecciones municipales del 22 de mayo.