La Junta niega «responsabilidad subsidiaria» por los maltratos

SEVILLA- La consejera de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, pidió ayer «respeto y cautela» ante la denuncia que la Fiscalía ha presentado por presuntos malos tratos y trato degradante cometidos por algunos trabajadores de la residencia para discapacitados que los Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca poseen en Montequinto. Navarro afirmó que la Administración «vela constantemente por la adecuada atención y seguridad» de los discapacitados que reciben atención en este tipo de centros.Preguntada por la posibilidad de que se exija a la Junta responsabilidad civil subsidiaria en este caso por tratarse de una residencia concertada, en caso de que prospere la investigación, señaló que «en ningún momento la Fiscalía ha requerido nada en esta línea» y mantuvo que la denuncia la presentó la propia Junta.La consejera confirmó que fue en diciembre de 2009 cuando el departamento que dirige presentó una denuncia ante la Fiscalía por supuestas irregularidades en la gestión de este centro que cuenta con 30 plazas para discapacitados intelectuales, todas ellas concertadas con la Junta de Andalucía. Además, informó de que, ya en septiembre, la Junta abrió un expediente administrativo por incidencias de «menos gravedad» detectadas en el transcurso de un inspección relacionadas con la existencia de algunos lotes de alimentos caducados o irregularidades en las instalaciones de carácter leve. Dicho expediente, al abrirse la investigación judicial, ha quedado «paralizado», tal y como comunicó el jueves la propia Fiscalía en un oficio remitido a la Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Navarro aseguró que la Administración autonómica, respondiendo a su obligación, denunció las supuestas irregularidades a la Fiscalía «de modo inmediato en cuanto tuvo conocimientos de los hechos», cuya naturaleza no quiso precisar, si bien incidió en que, a grandes rasgos, «presuntamente no estaban actuando de forma correcta en la atención de las personas que allí se encontraban», que, insistió, «no son menores aunque sí incapacitadas legalmente».