Los ayuntamientos pequeños perderán competencias

MADRID- Con el objetivo de mejorar el papel de las corporaciones locales, la prestación de servicios y evitar duplicidades, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha remitido un informe al Ministerio de Administraciones Públicas sobre competencias, actividades y servicios municipales de cara a la reforma del régimen local. Un documento de nueve páginas, consensuado con los portavoces de los distintos grupos políticos representados en la Junta de Gobierno, que presenta dos puntos destacados: una lista de 24 materias de competencia local, en las que los municipios ejercerían sus potestades, y la propuesta para que las diputaciones provinciales, los cabildos y los consejos insulares asuman un papel de administración común para aquellos municipios que carezcan de medios suficientes para prestar los servicios a sus ciudadanos.

En este último punto, el informe se centra en aquellos de menos de 20.000 habitantes, concretamente 7.118, el 87,7 por ciento del total. Eso sí, no necesariamente todos ellos tendrían que ceder competencias, pues, tal y como aseguran desde la FEMP, muchos de ellos prestan sus servicios sin ningún problema y otros lo hacen de manera mancomunada o con el apoyo de diputaciones o cabildos. Y una cosa dejan clara, no es necesaria la supresión o fusión de los municipios pequeños, pues creen que no cambiaría nada y éstos «deben ser respetados como institución política básica» porque «son, sobre todo, expresión de la voluntad política de sus vecinos».

En el citado documento se desglosan las insuficiencias del sistema actual de las entidades locales y se plantean diferentes propuestas para que se les reconozca una serie de competencias y la financiación necesaria para poder llevarlas a cabo. Todo, a través de una ley orgánica y no una ordinaria, que es la que actualmente regula a municipios y provincias. Aquí, la FEMP asegura que «somos conscientes de que la Constitución se olvidó de unas de las instituciones básicas de la configuración de nuestro Estado y de su organización territorial: las entidades locales». Y añade: «No las hizo merecedoras de una regulación de carácter orgánico».

«Hermanas pobres»
Pero reclaman –en el caso de que continúen siendo las «hermanas pobres» de las instituciones y no se contemple una modificación constitucional– una modificación de la regulación del conflicto en defensa de la autonomía local contenido en la Ley del Tribunal Constitucional para «relajar los requisitos de legitimidad para su interposición» y un «pacto político que comprometa al Estado y a las comunidades autónomas a respetar la configuración que esa ley básica establezca y a los principios en los que se fundamenta ese sistema (autonomía local, proximidad, descentralización o suficiencia financiera)».

Para cumplir con el principio de «una Administración, una competencia», los municipios urgen a los legisladores a revisar lo antes posible toda la normativa vigente para «adecuarla al nuevo marco competencial de las entidades locales».

En lo que se refiere a las materias que la FEMP considera deben ser de competencia local y que deberían formar parte de una futura ley de Gobierno local, la Federación destaca, entre otras, las relacionadas con urbanismo, medio ambiente urbano, abastecimiento de agua potable, bienestar y asistencia social primaria, protección civil, tráfico, políticas activas de empleo, promoción de la cultura o padrón municipal. Así hasta un total de 24. Eso sí, excluyen las «actividades y servicios que los ayuntamientos vienen realizando por imposición legal», como el mantenimiento y conservación de los colegios públicos o la dotación de medios materiales a los juzgados de paz.

Propuestas para mejorar el régimen local
- Necesidad de una norma de naturaleza jurídica y rango normativo de ley orgánica, no ordinaria.
- El Estado y las autonomías no deberán fomentar una rivalidad entre las entidades locales que les lleve a asumir servicios que no sean de su competencia o que sean insostenibles.
- Rechazan a la fusión de ayuntamientos, salvo que sea voluntaria, y abogan por la administración común por parte de diputaciones o cabildos.
- La atribución de competencias deberá ir acompañada de la financiación adecuada.
- Evitar duplicidades por medio del principio de estabilidad presupuestaria y el de colaboración.
- Se establecen una serie de materias de interés y competencia local.