Las clínicas critican la aplicación «apresurada» de la «Ley Aído»

En declaraciones a Europa Press, el representante de las clínicas privadas explicó que «cada comunidad autónoma ha aplicado la Ley a su manera, con visiones diferentes, por ejemplo, sobre la información obligatoria que la mujer tiene que recibir antes del aborto». Así, comunidades como la andaluza «han seguido más o menos como estaban, muy bien, con una accesibilidad rápida y una gratuidad aplicada, incluso mejorando la fluidez», comenta Barambio.
Mientras, «regiones como Asturias, que no partían desde un punto tan bueno como Andalucía», señala, «se han apresurado para conseguir que la mujer pueda acceder fácilmente al IVE a instancias de la administración y pagado por la administración».
 En cambio, en Navarra se siguen sin practicar abortos y derivan a las mujeres a otras comunidades limítrofes. El Ejecutivo liderado por Miguel Sanz considera que hasta que no se regule la objeción de conciencia de los médicos, la interrupción voluntaria del embarazo se seguirá haciendo fuera de Navarra como ha ocurrido en los últimos años en la Comunidad foral.
Por su parte, el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, aseguró que no será necesario aumentar la financiación para la práctica de interrupciones voluntarias de embarazos tras la modificación de la Ley del Aborto, como han denunciado algunas comunidades, ya que desde el Gobierno están convencidos de que «habrá menos abortos», tanto en el ámbito público como en el privado.
«Lo único que hace la nueva Ley es cambiar los supuestos por los que se legaliza la interrupción voluntaria del embarazo», dijo el número dos de Trinidad Jiménez, que además negó que esta normativa vaya a conllevar un «impacto económico» para el Sistema Nacional de Salud (SNS).