Por qué en el PSOE no dimiten

Prevaricación, cohecho, falsedad documental, injurias... Son algunos de los delitos de los que están acusados los más de 85 socialistas que, en la actualidad, ocupan un cargo público. Delitos, en la mayoría de las ocasiones, mucho más graves de los que se le imputaban a Francisco Camps y que le han llevado a dimitir. Armilla (Granada), Guaro (Málaga), Algámitas (Sevilla), Plasencia (Extremadura), Ibiza... A lo largo y ancho de toda España se repiten los casos de cargos del PSOE, imputados que tras las elecciones del pasado 22 de mayo continúan en sus puestos como si nada hubiera pasado. Y no sólo en pequeños ayuntamientos, sino también entre las «altas esferas» del Gobierno, como es, por ejemplo, el «caso Faisán» en el que, sin estar aún imputados, sí que están implicados.
Andalucía se sitúa a la cabeza de la lista de políticos socialistas acusados de algún delito, con más de 60 imputados. Y ninguno, por el momento, parece dispuesto a dimitir. Estos son algunos de los casos más llamativos en los que hay implicados cargos socialistas:

-A la espera del «Faisán»
El «caso Faisán» pasa por ser uno de los escándalos que todavía puede acabar salpicando al ahora ministro del Interior, Antonio Camacho, y su predecesor, Alfredo Pérez Rubalcaba. Si bien el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz no ha decidido imputarlos en el auto de procesamiento, sí que podrían ser llamados a testificar en un futuro juicio por el chivatazo a ETA. En este sentido, Antonio Camacho, como secretario de Estado en mayo de 2004, se puso en contacto con el ex director de la Policía e imputado en la causa, Víctor García Hidalgo, un día antes y el mismo día de la delación.

- La «trama de los ERE»
Uno de los casos más polémicos de este año. La trama de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) falsos, que subvencionó 68 prejubilaciones en empresas, ha salpicado a sindicalistas, empresarios y a una treintena de socialistas. Aquí, el llamado «fondo de reptiles», ascendió a casi 650 millones de euros. Muchos de ellos ocupaban cargos públicos antes y durante su imputación y la mayoría se ha visto obligado a dejar su cargo (una excepción a tenor del resto de casos en España). Pero, en la actualidad, siguen «pegados» a su puesto público nombres como Antonio Fernández, que fue consejero de Empleo y que ahora es presidente del consejo regulador del Jerez (un cargo dependiente de la Consejería de Agricultura). Además, otro de los investigados es el actual parlamentario andaluz Ramón Díaz Alcaraz.

- «Ibiza centro» en Baleares
Ampollas levantó la presencia en las listas del PSOE al 22-M del ex presidente del Consell de Ibiza, Xicu Tarrés. Actualmente sigue imputado en el caso «Ibiza centro» por un presunto delito de corrupción urbanística que investiga el Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza. Al respecto, antes de las elecciones de mayo, los socialistas baleares aseguraban que «no privaremos a Ibiza del mejor candidato que tiene para ser el presidente del Consell».

- Compra de votos en Melilla
El secretario general del PSOE de Melilla, Dionisio Muñoz, continúa como imputado por presunto delito electoral en el caso de la compra de votos en las elecciones generales de 2008. Dicha imputación no le supuso problema alguno para presentarse como candidato socialista a las últimas elecciones autonómicas. La trama, que involucró a un total de 26 imputados de la coalición PSOE-CPM, consistía en enviar cartas prometiendo trabajo a parados de la ciudad autónoma a cambio del voto en las generales de 2008.

- «Caso facturas» en Elche
Por cercanía a Francisco Camps, aún más llamativa es la presencia de imputados socialistas en la Comunidad Valenciana. El PSOE no sólo hizo la vista gorda, sino que envió al candidato Rubalcaba y a la ministra de Sanidad Leire Pajín, a presentar a su candidato en Elche, Alejandro Soler, que como alcalde, presuntamente ocultó documentación a los auditores del «caso facturas». La causa, por malversación y prevaricación, fue archivada por la Audiencia Provincial de Alicante, pero el Supremo estimó el recurso del PP y la instrucción sigue adelante.

- El caso de Plasencia
La ex alcaldesa de Plasencia (Extremadura) y candidata del PSOE, Elia María Blanco, sufrió el 22-M las consecuencias de estar imputada por presunta malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación. No dimitió como primer edil y no dudó en presentarse como candidata a la Alcaldía, en gran parte, por el respaldo que obtuvo de la Ejecutiva Provincial del PSOE. Y también en la comunidad extremeña, los socialistas mantienen como imputados a Teresa Roca, en Moraleja, investigada por un presunto delito de prevaricación, y alcalde electo Ángel Vadillo, por un presunto delito contra la ordenación del territorio y prevaricación.

- «Caso Unión», Canarias
El secretario general de los socialistas en Lanzarote, Carlos Espino, se mantiene imputado por presunta prevaricación, cohecho y fraude. Otros casos de socialistas en Canarias son el de Jaime González Cejas por corrupción urbanística o Juan José Dorta por prevaricación.