Presentan una denuncia en la Audiencia contra 75 etarras huidos

Además amplía esta denuncia a otros siete terroristas ya detenidos, pero que están imputados, procesados o acusados de delitos de inferior grado al que se conoce que desempeñaron dentro de la organización criminal.

Esta denuncia de 79 páginas a la que ha tenido acceso Europa Press ha servido también para elaborar un estudio que publicará en su próxima edición la revista de la Fundación de Víctimas del Terrorismo y que cifra en 184 los miembros de ETA huidos en distintos países de Europa, Africa y América, de los cuales 141 tienen orden de busca y captura dictada en la Audiencia Nacional, según datos facilitados por fuentes cercanas a este tribunal.

La denuncia, presentada el pasado viernes, habla de 75 terroristas huidos que "podrían ser acusados de nuevos delitos de pertenencia a organización terrorista, evitando así que quedaran impunes por sus crímenes". De ellos precisa que "se ha detectado que existen 43 casos que no tienen orden de busca y captura de la Audiencia Nacional". "Como es evidente, la organización terrorista ya ha informado a todos y cada uno de los 43 etarras aludidos de la inexistencia de requisitorias contra ellos", dice en su denuncia el presidente de la asociación Daniel Portero.

Además existen siete miembros de la organización terrorista que, habiendo sido detenidos, están imputados, procesados o acusados de delitos de inferior grado al que desempeñaron dentro de ETA ya que las órdenes de búsqueda y captura se referían a pertenencia a otras organizaciones terroristas como SEGI u otras causas. Entre estos siete detenidos se encuentra Iñaki Domínguez Atxalandabaso, quien fue detenido en Francia tras viajar a Italia para comprar material para fabricar explosivos.

Portero añade que, de estos 82 etarras (75 huidos y 7 detenidos), "se tiene constancia que 21 etarras forman la nueva estructura logística de ETA en Francia (de un total de 48 etarras huidos en Francia), 20 forman parte del aparato de acogida y formación de Venezuela (hay un total de 47 etarras en Venezuela), 6 en Cuba, 4 en México, 4 en Cabo Verde, 3 en Uruguay, 1 en Togo y 1 en Santo Tomé". Del resto dice que "se desconoce su ubicación pero son susceptibles de ser acusados de pertenecer a ETA y así evitar la prescripción de otros delitos que, aún siendo más graves, evita la total impunidad etarra".

La denuncia establece tres grupos. El primero engloba a "sujetos cuyas funciones y responsabilidades dentro de la organización terrorista habrían evolucionado desde su huída y que no hay constancia de ello en la Audiencia Nacional. Dignidad y Justicia incluye en esta categoría a 27 terroristas entre los que se encuentran, entre otros, los que las fuerzas de seguridad consideran actualmente los máximos líderes de la organización: David Pla, Iratxe Sorzábal e Izaskun Lesaka Arg~elles.

El segundo grupo hace referencia a aquellos "ubicados en países extranjeros que, perteneciendo al Colectivo de Refugiados de ETA o al Aparato de Acogida y formación de la organización terrorista, desarrollan funciones de acogida y/o asesoramiento, abastecimiento, financiación, logística, captación, información, etcétera.

Este grupo lo forman 43 terroristas entre los que se encuentran Arturo Cubillas, presunto enlace de ETA en Venezuela o el histórico, José Ignacio de Juana Chaos, en paradero desconocido. "La mayoría de este grupo fueron deportados en los años ochenta por los gobiernos de Felipe González, mediante acuerdos con distintos países de Africa y Sudamérica", explica.

Portero admite que "nunca antes se ha acusado a un miembro de ETA de pertenecer al aparato de acogida y formación de ETA en los diferentes países del mundo, pero es una realidad que ETA, a través de una serie de responsables en los diferentes países del mundo, ha organizado una red de escape y ayuda para aquellos terroristas que huían de España o Francia a destinos de países en los que tuvieran un respaldo gubernamental como es el caso de Venezuela".

En el tercer grupo se encuentran doce "sujetos que se ubican fuera o dentro de las fronteras de España, consideradas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como los 'terroristas más buscados', cuyos datos son públicos a través del acceso vía Internet a las páginas webs de Policía Nacional y Guardia Civil. De estos sujetos se desconoce cuál es su función dentro de ETA, pero se tiene conocimiento de que se encuentran huidos y no tienen causa judicial pendiente".

En virtud de estos datos, Dignidad y Justicia solicita a la Audiencia Nacional que realice varias diligencias de investigación entre las que destaca la petición de citar a declarar como testigo al presidente del PSE, Jesús Eguiguren "para corroborar los hechos de que Rafael Azcolain Garmendia --uno de los denunciados-- participó en la reunión que mantuvieron el 1 de marzo de 2008 Jesús Eguiguren y Josu Basterra con la banda terrorista y el miembro de ANV Kepa Bereciartua y el también etarra Andoni Cengotitabengoa Fernández".

Además pide dar traslado de esta denuncia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Ertzaintza, INTERPOL-EUROPOL y el Centro Nacional de Inteligencia, para que corroboren la información facilitada en este escrito e informen de cuestiones como la "evolución de los sujetos mencionados, su grado de responsabilidad en ETA o para que añadan nuevas identidades no incluidas en la denuncia.