Un edil dejó su cargo en Alcalá para cobrar 180000 euros en el ERE de Morón

Entre los 119 contratos extinguidos está también el presidente del PSOE en el municipio, Bernabé Gámez.

La portavoz del PP-A, Esperanza Oña (i), junto a la candidata a la Alcaldía del PP en Alcalá de Guadaíra, María del Carmen Rodríguez, ayer, en la Cámara
La portavoz del PP-A, Esperanza Oña (i), junto a la candidata a la Alcaldía del PP en Alcalá de Guadaíra, María del Carmen Rodríguez, ayer, en la Cámara

SEVILLA- Francisco García Jiménez era el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, delegado de deportes, de comunicación y coordinador del grupo municipal socialista. Percibía desde 2007 53.375 euros anuales del Consistorio por todos sus cargos. Sin embargo, el 13 de septiembre de 2010 renuncia a sus cargos por «razones personales y con carácter temporal». Ese mismo día, el alcalde del municipio sevillano, Antonio Gutiérrez Limones (PSOE) emitió una resolución aceptando su renuncia «en régimen de dedicación exclusiva». Tendría efectos legales desde esa misma fecha.
Seis días antes –el 7 de septiembre–, el comité de empresa de Vinnell-Brown & Root anuncia que la sociedad –que presta servicios de mantenimiento en la base norteamericana de Morón de la Frontera desde el 1 de agosto– reducirá la plantilla de 594 trabajadores a través de un ERE. García Jiménez había trabajado en la base durante 39 años y decide reincorporarse a su puesto de trabajo para poder cobrar su indemnización. Le corresponden, según el acuerdo alcanzado, 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades. Según varias fuentes consultadas por este periódico, percibe tras la formalización del expediente de regulación de empleo unos 180.000 euros.
La delegación provincial de Empleo de la Junta aprobó el ERE el 9 de diciembre y entraría en vigor a partir del día 17. Una semana antes, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla, tras una denuncia del sindicato USO, había advertido de que en la lista de 150 prejubilados presentados había 31 personas que no cumplían los requisitos. Advierte de que este hecho «vicia el contenido del acuerdo y constituye un indicio racional de fraude».
Sin embargo, el proceso no se paró y sólo se borró a las 31 personas incluidas de manera irregular. Finalmente, afectó a 119 trabajadores. Entre ellos, el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y un hermano de éste.
No es el único socialista que aparece en la lista definitiva. Según denunció ayer la portavoz del PP-A en el Parlamento, Esperanza Oña, el presidente local del PSOE de Alcalá, Bernabé Gámez, es otro de los incluidos. También está su hermano, Ángel Luis Gámez, ambos trabajadores de la base.
En octubre, el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra elevó una moción al pleno para rechazar el ERE de la base de Morón. Francisco García ya estaba fuera porque esperaba acogerse al mismo. Su partido –el PSOE consiguió 18 de los 25 concejales del Consistorio– esperaba una solución «que no conlleve la pérdida de empleo». Incluso el alcalde –que también es senador– se reunió con el Ministerio de Defensa para mediar en el conflicto.
Desde el sindicato UGT y la propia empresa se subraya la «transparencia» del proceso y señalan que no se ha recibido dinero público para sufragar los despidos. Por su parte, Oña acusó al Gobierno andaluz de «convivir» con una trama de corrupción.



ANÁLISIS
Las diferentes ramificaciones de la trama de los ERE en Andalucía
- En este caso, ¿se han detectado pagos a través del «fondo de reptiles»?

–No. La Junta no ha participado financieramente en este ERE. Además, la denuncia de USO permitió eliminar a las 31 personas que se incluyeron de manera indebida, por lo que, en principio, no hay cobros fraudulentos. Sí se demuestra que un ERE es un drama para algunos, pero un suculento negocio para otros.
 
- ¿Quiénes son lo que elaboran la lista definitiva?
–Es un acuerdo de la empresa y el comité de empresa. Los sindicatos mayoritarios son los que influyen decisivamente. Incluso señalaron a la Inspección que las 31 personas que no cumplían los requisitos tenían como objetivo «minimizar» el impacto en la plantilla.

- ¿Es ilegal la actuación del concejal de Alcalá?
–En principio, no. La única salvedad es que tuviera algún tipo de información privilegiada o que se ajustaran los plazos legales para acogerse al ERE en función de sus propios intereses para poder acogerse a él.