Más horas y mismo sueldo para 87000 empleados públicos

VALLADOLID- «Las retribuciones para los empleados públicos están aseguradas de cara a 2012». Ésta era la buena noticia que trasladaba el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, a los 87.000 asalariados con que cuenta la mayor empresa de Castilla y León, la administración autonómica. ¿La mala noticia? que tendrán que hacer un esfuerzo que, en todo momento el presidente agradeció, y que consistirá en ampliar su jornada laboral diaria en 30 minutos -lo que se traducirá en 37,5 horas de trabajo semanales- con una congelación salarial prevista.
Es la de medida clave del Plan de Racionalización del Gasto Corriente para 2012, que permitirá ahorrar 136 millones de euros, tras recibir el visto bueno en las mesas de negociación de la Función Pública. Esta iniciativa legal contempla, igualmente, la rebaja del 30 por ciento de los liberados sindicales (medida ya acordada con los agentes sociales el pasado día 23), pero también la congelación de la oferta de empleo público, con la excepción de la cobertura de la tasa de reposición en los servicios públicos esenciales.
La propuesta laboral para el funcionariado contempla flexibilizar los horarios de entrada y salida, a la par que se incidirá en un acotamiento de los horarios de apertura de los edificios públicos para rebajar el coste derivado de la utilización de los mismos -en particular luz y energía-. Igualmente, se potenciará la teleformación entre funcionarios, una medida que se comenzó a aplicar en la pasada legislatura y a la que ya han accedido varias decenas de trabajadores de la Junta.
El documento aprobado en el Consejo de Gobierno de ayer también incidirá en la intensificación del control del absentismo laboral, a la par que se prevé una nueva regulación del complemento económico de la prestación por incapacidad temporal.
En este ámbito, se ha previsto un ahorro global de 85 millones de euros sólo en 2012.
En cuanto a la cantidad de dinero que dejará de gastarse como consecuencia de otras resoluciones que afectan a los bienes y servicios, ronda los 51 millones de euros, según expuso Herrera.
El presidente aludió, en este contexto, a la «contribución activa» de los empleados de la administración, por contribuir al mantenimiento del engranaje autonómico, por hacer sostenibles las cuentas públicas.
Las cuatro normas legales aprobadas ayer por la Junta «no son las primeras medidas de racionalidad adoptadas», según argumentó el presidente Herrera, quien reiteró que con ellas se pretende «garantizar plenamente el normal funcionamiento de la administración, hasta el momento en el que se aprueben los Presupuestos de la Comunidad» a los que «no sustituyen», aclaró.
En este contexto, reiteró que su gobierno trabajará por cumplir con las prioridades económicas y de empleo reseñadas, pero también en asegurar el cumplimiento del objetivo de déficit público previsto, pero también al de estabilidad presupuestaria junto con el Gobierno de España. Ahora bien, Herrera quiso dejar claro que «unas comunidades no pueden seguir financiando competencias básicas con recursos extraordinarios».

El presidente, «fuerte y convencido», dice estar «a hoz y coz» con sus planes
«Fuerte y convencido». Así se encuentra el ánimo personal y político de Juan Vicente Herrera tras aprobar estas medidas que tendrán incidencia en miles de hogares castellanos y leoneses. Si bien, el presidente de los castellanos y leoneses asegura estar «a hoy y coz» y apunta que asume «la responsabilidad política de tomar estas decisiones», a la par que reconoce también hallarse «preocupado y ocupado», ante las estrecheces por las que atraviesa -como todas las demás- la administración que preside. Y es que, a su entender, debe hacer frente a «dos sagrados encargos», como son favorecer la recuperación económica y garantizar la calidad y equidad de los grandes servicios, en un momento económico delicado.