Información «abortista» en sobre cerrado

El pasado 5 de julio entró en vigor la Ley del Aborto. Casi un mes después, las lagunas jurídicas con las que fue presentada siguen estando presentes y comienzan a generar sus primeras consecuencias. Una de ellas es el contenido de los sobres de información que les son entregados a las mujeres que se plantean interrumpir su embarazo. En opinión de Javier María Pérez-Roldán, presidente del Centro Jurídico Tomás Moro, el citado sobre «legitima el aborto, ya que ofrece una información sesgada, que no aborda los pros y los contras». Además, «tampoco toma en cuenta que muchas de las mujeres son extranjeras, ya que no ofrece traducciones a otros idiomas». Acción que, en su opinión, ratifica la posición gubernamental de «no querer informar». Así lo explicó ayer, en la presentación de una guía de Derecho a Vivir para profesionales sanitarios objetores. En concreto, el sobre está formado por dos partes. El contenido de la primera es de competencia estatal, mientras que el de la segunda es autonómico. A día de hoy pocas comunidades son las que se han preocupado de rellenar lo que falta del controvertido sobre y muchas son las reticencias de los médicos a repartirlo. A este respecto, las asociaciones pro vida alientan a los profesionales a extender su objeción de conciencia para decidir si deben o no entregarlo.En esta misma línea y como destacó Teresa Fernández de Córdoba, magistrada y portavoz de Derecho a Vivir, otro de los principales problemas de la norma es que dificulta el derecho a la objeción. Según Fernández, «ésta ley le pone trabas al ejercicio de un derecho fundamental». Una circunstancia que, como apunta Ignacio Arsuaga, presidente de Hazteoír, «ha despertado la preocupación de muchos profesionales sanitarios, que se preguntan sí tienen derecho a objetar y cómo pueden hacerlo». Como consecuencia, y para llenar este «hueco» legislativo, desde la Asociación Nacional para la Defensa de la Objeción de Conciencia, el Centro Tomás Moro y Hazteoír han elaborado la «Guía para la objeción sanitaria al aborto», en la que se recoge el amparo jurídico nacional e internacional a este derecho.Por su parte, desde el Ministerio de Igualdad, Bibiana Aído, aseguró ayer que la objeción se encuentra «perfectamente reconocida en la legislación». Algo bastante discutible si se tiene en cuenta que para ejercerla el médico deberá presentar su posición por escrito. Una posibilidad que, como alerta Peréz-Roldán, «podría dar lugar a listas negras y a discriminación laboral».